Padres de los jóvenes fallecidos en Remedios denuncian penalmente a la empresa de transporte

La denuncia sostiene que la compañía era la principal interesada en obtener certificaciones irregulares para mantener su flota en operación

Al cumplirse dos meses del siniestro vial en el sector El Chispero, que dejó como saldo la muerte de 16 egresados del Liceo Antioqueño y el conductor del vehículo, el proceso judicial ha tomado un nuevo rumbo. Las familias de dos de las víctimas, representadas por el abogado Diego García, presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue penalmente a los responsables de permitir que un bus con fallas mecánicas circulara por las vías del departamento.

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El eje de la denuncia se centra en las irregularidades detectadas en la revisión técnico-mecánica del bus de placas SON-847. Según las investigaciones de la Superintendencia de Transporte, el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Servisuper habría reportado información falsa al sistema RUNT. El documento judicial señala que se omitieron pruebas sensoriales básicas como la revisión de rines, llantas, luces y salidas de emergencia, aprobando el vehículo a pesar de que presentaba alertas críticas en el sistema de frenos.

Se busca determinar si el CDA actuaba bajo un modus operandi recurrente para emitir certificados a vehículos que no cumplían con los estándares mínimos de seguridad, lo que constituiría delitos de fraude procesal y falsedad material en documento público.

La acción judicial también apunta hacia los directivos de la empresa Precoltur S.A.S. La denuncia sostiene que la compañía era la principal interesada en obtener certificaciones irregulares para mantener su flota en operación sin realizar las inversiones necesarias en mantenimiento preventivo. Además, se reportó que la empresa incumplía con la afiliación de sus conductores al sistema de seguridad social y no contaba con programas de capacitación ni control de sustancias para su personal.

Como resultado de estos hallazgos, la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte ya ordenó la suspensión inmediata de la habilitación tanto del CDA como de la empresa de transporte por un periodo de seis meses. Esta medida preventiva implica que el centro de diagnóstico no puede realizar nuevas revisiones y la transportadora debe cesar sus operaciones mientras avanzan las investigaciones.

Con la radicación de este documento ante la Fiscalía 110 Seccional de Segovia, los familiares pretenden que el caso trascienda las sanciones administrativas. El objetivo es que se vincule a los representantes legales y técnicos en la investigación por homicidio culposo, argumentando que el bus se convirtió en una trampa mortal debido a la negligencia institucional y empresarial.

La tragedia, ocurrida el pasado 14 de diciembre, sigue siendo un tema prioritario para el Ministerio de Transporte, que ha calificado el hecho como una situación inaceptable que no debe repetirse en las carreteras del país.