Un mes después de que el régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo la despojara de su nacionalidad nicaragüense y le confiscara todos sus bienes por razones políticas, la periodista y feminista Sofía Montenegro ingresó a su banca en línea para verificar el pago de marzo de su jubilación. Lo hizo de forma habitual, con la idea de que, aunque le habían quitado su casa en Managua, su carro y todas sus pertenencias, la pensión seguiría allí, como un derecho inalienable tras décadas de trabajo y de pago de sus cotizaciones. Pero estaba equivocada: la cuenta bancaria en la que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) le depositaba la jubilación estaba congelada y en cero, al igual que sus otras cuentas.
Ortega y Murillo convierten la jubilación en un “castigo transnacional” y dejan sin pensión a opositores exiliados
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