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Foto ANLA.
El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Turbo falló a favor de varias comunidades afrodescendientes que habitan en el área de influencia del proyecto Puerto Antioquia, reconociendo su derecho fundamental a la consulta previa.
El fallo también exige al Ministerio del Interior un diagnóstico detallado de los impactos sociales, culturales, económicos y ambientales generados por la obra, y la construcción de un plan conjunto con las comunidades para prevenir o reparar los daños identificados.
La sentencia ordena al Ministerio convocar formalmente, en un plazo de 48 horas hábiles, el inicio del proceso de consulta con los representantes de las comunidades de Bahía Colombia, Martín Luther King, Esperanza 2000, Los Mangos, Los Manatíes, Bocas de Atrato y Leoncito.
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La decisión se da en el contexto del avance de Puerto Antioquia, un proyecto portuario estratégico que registra un progreso físico superior al 80 % y cuenta con una inversión que supera los 700 millones de dólares. La terminal, ubicada en el municipio de Turbo, busca mejorar la competitividad del país en comercio exterior, especialmente en la región del Urabá.
Entre las entidades señaladas en la tutela están Puertos, Inversiones y Obras S. A. S. (PIO S. A. S.), el Ministerio del Interior, Corpourabá, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Distrito de Turbo.
El fallo representa un precedente en la protección de derechos colectivos en el marco de grandes proyectos de infraestructura, reiterando la obligación del Estado de garantizar la participación efectiva de las comunidades étnicas en las decisiones que las afectan.
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