Operación militar golpea minería ilegal en el Bajo Cauca: destruyen maquinaria avaluada en $3.700 millones

Nuevo golpe a la minería ilegal en el Bajo Cauca afecta finanzas del EGC

Las fuerzas militares y policiales realizan un nuevo golpe contra la extracción ilícita de oro en Zaragoza, lo que debilita directamente las finanzas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y frena las afectaciones ambientales en el Bajo Cauca.

Durante la operación Aquiles, las autoridades ingresaron a tres puntos de extracción ilícita de oro, donde fueron destruidos once medios mecanizados empleados para esta actividad ilegal: siete excavadoras y cuatro motores industriales. La intervención fue liderada por la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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El balance oficial señala que el operativo dejó una afectación estructural a la logística criminal estimada en 3.700 millones de pesos, lo que debilita la capacidad operativa de las organizaciones dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros en esta región del país.

Las siete excavadoras destruidas tenían una capacidad de extracción aproximada de 11.200 gramos de oro mensuales, equivalentes a cerca de 4.704 millones de pesos en el mercado ilegal. Asimismo, la acción impactó las finanzas del EGC, en especial de la subestructura “Uldar Cardona Rueda”, que obtenía alrededor de 551 millones de pesos mensuales mediante el cobro extorsivo correspondiente al 15 % de la producción ilícita.

La operación permitió mitigar la afectación al río Porce y a la quebrada La Clarita, lo que evita el vertimiento de sustancias químicas contaminantes, la degradación del suelo y la deforestación asociada a esta práctica ilegal. Con ello, las autoridades contribuyen de manera directa a la protección de los ecosistemas estratégicos del Bajo Cauca antioqueño y refuerzan la ofensiva integral contra las economías criminales que amenazan el patrimonio natural del país.

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El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección de la Policía detalló que este resultado demuestra la acción decidida y sostenida del Gobierno contra la minería ilegal. “Una actividad que no solo financia estructuras criminales, sino que genera graves daños al ambiente y pone en riesgo las fuentes hídricas y la vida de las comunidades”, puntualizó.

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