La reforma de la controvertida Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana del PP, la conocida por sus detractores como ley mordaza, lleva meses transitando perezosamente por el Congreso. Y ello a pesar de que el acuerdo alcanzado en octubre entre PSOE y Sumar con EH Bildu ―y al que se sumaron posteriormente ERC, PNV y BNG― pareció despejar el camino para un cambio que ya ha sufrido sendos intentos fallidos en 2019 y 2023. Seis meses después de aquel pacto y cuando este lunes se cumplen 10 años de la publicación en el BOE de la polémica norma (que entró en vigor el 1 de julio de 2015), han aparecido nuevos escollos que atascan su camino parlamentario, según ha constatado EL PAÍS tras hablar con fuentes de siete partidos favorables al cambio.