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Un grupo de congresistas electos envió una carta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al próximo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero —recién designado este 11 de julio—, en la que solicitan la revocatoria inmediata de las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) durante el gobierno de Gustavo Petro.
La solicitud está firmada por la senadora electa Sara Castellanos y la representante electa Carol Stefanny Borda, ambas del partido Salvación Nacional, junto con el representante electo Daniel Briceño, del Centro Democrático (quien obtuvo la mayor votación de toda la jornada electoral para el Legislativo).
Las resoluciones cuestionadas fueron expedidas con fundamento en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro.
Esta figura de ordenamiento territorial busca delimitar zonas rurales destinadas exclusivamente a la producción agrícola, restringiendo otros usos del suelo como la construcción o la expansión urbana.
Según los congresistas, estas medidas generan restricciones sobre predios rurales y afectan la seguridad jurídica de propietarios, productores e inversionistas.
Además, sostienen que las disposiciones fueron implementadas sin suficiente participación de las autoridades territoriales y podrían limitar la autonomía de municipios y departamentos en las decisiones sobre el ordenamiento de sus territorios.
Según un mensaje publicado por el representante electo Daniel Briceño, la creación de estas zonas constituye una vulneración de la propiedad privada y de la autonomía territorial. “Con esto han violado la propiedad privada y la autonomía territorial. Colombia debe volver a la senda de la libertad”, afirmó.
La controversia sobre las APPA no es nueva. Desde su implementación, el mecanismo ha generado un debate sobre el equilibrio entre la soberanía alimentaria y la autonomía territorial.
De hecho, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, al considerar que la creación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) podría vulnerar la autonomía territorial y las competencias de los municipios para definir los usos del suelo. El asunto actualmente se encuentra en estudio ante el alto tribunal.
Las APPA y ZPPA se han aplicado en distintas regiones del país, entre ellas la Sabana de Bogotá, el suroeste de Antioquia y el sur de La Guajira, con el argumento oficial de proteger tierras fértiles frente a la expansión urbana y garantizar la producción de alimentos a nivel local.
Por ahora, ni el Gobierno entrante ni el ministro designado, Indalecio Dangond, se han pronunciado públicamente sobre la solicitud de los congresistas.
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