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Todo el entramado sobre las supuestas reuniones del expresidente Gustavo Petro en casas particulares, que involucrarían acercamientos con mujeres, tendría, según su abogado, una explicación relacionada con razones de seguridad nacional.
Alejandro Carranza negó que esos encuentros correspondieran a fiestas y anunció acciones frente a lo que considera una persecución contra mujeres que trabajaron durante el gobierno del expresidente.
El penalista reconoció que Petro se desplazó a viviendas distintas de la Casa de Nariño, pero aseguró que esas decisiones respondieron a alertas sobre posibles atentados. También rechazó las versiones según las cuales el exmandatario ordenaba reducir su esquema de protección durante esas visitas.
Las declaraciones las entregó a la Unidad Investigativa de El Tiempo. “No hubo fiestas, alcohol ni mujeres. Eso es falso. Las reuniones que se dieron por fuera de Casa de Nariño fueron para tratar temas de seguridad nacional”, sostuvo.
Según Carranza, los cambios de ubicación se producían cuando los informes de inteligencia advertían riesgos para Petro. Mencionó, por ejemplo, el supuesto retiro de equipos de protección de la sede presidencial por parte de Estados Unidos y el hallazgo de un mortero que podría haber sido utilizado contra el entonces mandatario.
“Cuando había informes de inteligencia sobre algún plan o atentado en su contra, el señor presidente se movía a esas casas. Por ejemplo, cuando Estados Unidos le quitó el sistema antidrones y armas para protección de Casa de Nariño, él se movió a una de esas casas por algún tipo de riesgo y también cuando se reportó el hallazgo de un mortero que, al parecer, iba a ser usado en su contra”, afirmó.
El abogado también respondió a una versión sobre las presuntas visitas de Petro a un inmueble del sur de Bogotá donde, según los testimonios recogidos por ese diario, operaba una banda local. Carranza negó que esos desplazamientos hubieran ocurrido.
“El señor expresidente dice que él no hubiese tenido ningún inconveniente en quedarse en el sur de la capital. Sin embargo, eso nunca sucedió”, manifestó.
Además de responder por los desplazamientos del expresidente, Carranza aseguró que asumirá la representación de trabajadoras del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que, según él, han sido objeto de presiones durante la nueva administración.
El penalista compartió con El Tiempo el testimonio de una joven que, de acuerdo con su relato, fue citada por WhatsApp el jueves 29 de octubre. La convocatoria habría sido realizada por una secretaria de la entidad.
“La sentaron en una oficina con la funcionaria y dos hombres que se presentaron como investigadores y que, al parecer, son miembros de la DNI, le empezaron a hacer preguntas sobre cómo llegó a la entidad y cuál había sido su relación con el expresidente Gustavo Petro”, aseguró Carranza.
Según el abogado, el interrogatorio se extendió durante cuatro horas. Después, afirmó, la joven fue llevada a un baño, donde una oficial de la Policía adscrita a Protección Presidencial habría participado en una requisa.
“Después de que dijo que no había visto al expresidente sino solo por televisión, le dijeron que se desnudara y empezaron a revisarle sus cosas. Cuando no le encontraron nada, le revisaron también el bolso en ese baño. Es un tema muy delicado que pediremos se investigue a fondo porque, al igual que ella, hay otras jóvenes que vienen siendo perseguidas”, sostuvo.
Carranza agregó que, desde el 7 de agosto, a su representada no le habían asignado funciones. Para el penalista, esa situación forma parte de una presunta persecución laboral. También aseguró que le hicieron preguntas sobre otras mujeres vinculadas al Dapre y a diferentes ministerios.
El apoderado de Petro también informó que radicó una denuncia contra Angie Rodríguez por las versiones que ha divulgado sobre la conducta del expresidente. Su posición es que se está construyendo una narrativa distorsionada contra su cliente y contra personas vinculadas al progresismo.
En paralelo, el Pacto Histórico sostuvo que existiría un intento de obtener testimonios contra Petro mediante presiones sobre mujeres que trabajaron en su administración.
Mientras tanto, este jueves, Deyci Jiménez compareció durante casi cuatro horas ante la Corte Suprema de Justicia. La contratista, quien denunció haber recibido contratos con el Estado a cambio de favores sexuales al entonces presidente Gustavo Petro, ratificó sus señalamientos sobre una supuesta red de contratación con ese propósito.
La declaración se rindió ante el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, quien recibió a los abogados de las partes y los elementos de prueba que aportaron.
Según reveló Noticias Caracol, Jiménez guardó silencio frente a varias de las preguntas que le formularon tanto la Corte como la defensa de Petro. Entre ellas, no respondió sobre la compra de droga para el exmandatario. Lo que sí hizo fue comprometerse a entregar su celular, que será inspeccionado por la Policía Judicial.
Lea también: Deyci Jiménez ratificó en la Corte su denuncia contra Petro: entregará su celular y daría 40 nombres
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