hace 1 mes
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El asombro y la extrañeza que sienten las asociaciones defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos ante el pacto político suscrito entre PP y Vox para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla, que elimina de facto la única Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad y que persigue endurecer la inscripción en el padrón de los migrantes irregulares, es una sensación que se han acostumbrado a digerir en el último año las organizaciones de mujeres y otras ONG. Estas entidades han soportado los recortes en las partidas para los programas de igualdad y cooperación al desarrollo, producto de las cesiones de los populares -que gobiernan en minoría en el consistorio hispalense- a la formación ultra para conseguir el apoyo a las cuentas de 2025, para fomentar políticas de natalidad o la Oficina antiaborto. Este segundo pacto, para la mayoría de los representantes consultados solo anticipa lo que pasará en el futuro si, como pronostican los sondeos, acuerdos similares se replican en Gobiernos autónomos y en el central. “No veo posibilidad de que esto pare”, relata Antonia Ábalos, una histórica feminista mexicana, que reside en la capital andaluza donde fundó la Asociación de Mujeres Supervivientes Víctimas de Violencia de Género.
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