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El Inpec ya ordenó el traslado de Miguel Quintero a una cárcel de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá, mientras responde al proceso penal en su contra por presunta corrupción.
Quintero fue capturado este viernes 30 de octubre, luego de que un juez penal le revocara la casa por cárcel que tenía desde el 2 de octubre y ordenara su traslado a un centro de reclusión que definió el Inpec.
Esta decisión se tomó al considerar que la intervención domiciliaria no era suficiente para que no interviniera en la investigación, dando instrucciones o comunicándose con otros involucrados.
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Horas después, la entidad penitenciaria estableció que será recluido en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá, conocido como El Barne o Cárcel de Cómbita.
El investigado irá desde la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bello, conocida popularmente como Cárcel Bellavista, hasta este centro penitenciario en Boyacá.
La de Cómbita es uno de los centros penitenciarios de mayor seguridad del país, y está situado en el kilómetro 17 de la vía que comunica a Tunja con Paipa, a 20 minutos del casco urbano de la capital de Boyacá.
Esta penitenciaria abrió en 2002 y en 2016 fue ampliada con un nuevo pabellón con capacidad para 576 cupos.
Tiene capacidad para 1.600 reos, pabellón de aislamiento y 3 anillos de seguridad con sensores de seguridad importados de Estados Unidos, cámaras, maquinaria con rayos X, reflectores, parlantes, esclusas y otros dispositivos tecnológicos. Es considerada una de las más seguras de Colombia y América Latina.
Quintero estará confinado allí en una celda de 2 por 3 metros, con cama de concreto, retrete de aluminio y un lavadero.
Allí han sido recluidos otros criminales infames como David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG; el jefe de La Oficina, Diego Fernando Murillo o alias Don Berna; el jefe de sicarios de Pablo Escobar, John Jairo Velásquez o alias Popeye, entre otros.
La orden de privación de la libertad vino de un juez de segunda instancia después de que el juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías ordenara una medida de detención domiciliaria.
Sin embargo, Sebastián Ortega, la otra persona acusada en el proceso, permanecerá en libertad según la decisión del operador judicial.
Quintero está respondiendo en estos momentos ante la justicia por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación, en tanto que Ortega lo hace solamente por el segundo delito.
El caso en el que están siendo acusados se trata de presuntas irregularidades que habrían cometido dentro de una contratación por $17.656 millones entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, entre los años 2021 y 2023.
Pese a que Quintero no era servidor público, la investigación que adelanta el ente acusador lo señala como el cerebro del entramado para sacar recursos públicos.
Según el ente acusador, tiene chats, entrevistas y documentos que vincularían a Quintero Calle con el nombramiento, por intermedio de una tercera persona, de funcionarios dentro del Amva, así como con la salida de otros que presuntamente le incomodaban.
La Fiscalía también lo señala de participar en un acuerdo económico que se habría concretado dentro de las instalaciones de la entidad junto a funcionarios acusados como Álvaro Villada, Vanessa Álvarez y Misael Cadavid.
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Villada y Álvarez también están investigados. Cadavid firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía y es su testigo clave.
El ente acusador estableció cómo se estructuraron contratos por 17.000 millones de pesos y cómo, presuntamente, se movieron esos recursos para que Quintero Calle se apropiara del 15%: 2.481 millones de pesos, de los cuales 1.654 millones habrían sido en provecho propio y 827 millones en favor de terceros.
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