La muerte del mexicano Lorenzo Salgado a manos de la policía migratoria estadounidense (ICE) en Houston, Texas, rodeada una vez más de polémica por la desproporción y la violencia de la actuación policial, ha precipitado por primera vez una respuesta firme y airada del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Hasta ahora, el Ejecutivo mexicano se había limitado a las burocráticas quejas formales, por vía de notas diplomáticas, y los frentes abiertos con el vecino del norte se concentraban más en el plano comercial y en la seguridad, con el fantasma de la injerencia en el horizonte. Pero tras la muerte a balazos de Salgado, un trabajador de la construcción que llevaba más de treinta años viviendo en Estados Unidos y que, según el propio ICE, no era el objetivo de la redada, tanto la presidenta como la Cancillería han pasado a la ofensiva, sumando un frente más a la complicada relación con la Administración Trump. Sheinbaum elevó primero el tono hablando de “no permitir el maltrato” y de tomar “acciones legales importantes”. Mientras la Cancillería detalló la batería de medidas jurídicas que, según fuentes de Exteriores, ya está en marcha.
México pasa a la ofensiva en la defensa de los mexicanos muertos a manos del ICE
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