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Foto tomada de redes sociales para ilustrar la nota. Créditos a quien corresponda
Mauricio Aguilar, exgobernador de Santander, imputado por presuntas irregularidades en proyecto para construir colegio en Suaita
Resumen: La investigación evidenció que en el municipio ya existía una institución educativa con 10 sedes adicionales, y que no se había previsto presupuesto para una nueva planta docente ni se contaba con suficientes estudiantes para justificar el proyecto.
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La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado por las presuntas irregularidades detectadas en la planeación, contratación y ejecución de un proyecto para construir un colegio con énfasis agrícola en Suaita (Santander), financiado con recursos de regalías.
La investigación indica que, en marzo de 2021, el entonces mandatario autorizó la compra por 551 millones de pesos del predio destinado a la obra, pese a que presentaba condiciones que comprometían su viabilidad, como fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas por 30 años. Un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura había advertido sobre las dificultades del terreno.
Posteriormente, Aguilar Hurtado delegó la firma del contrato, que fue suscrito el 7 de diciembre de 2022 por 15.280 millones de pesos. Los estudios y diseños estarían incompletos, no contemplaban las licencias ambientales requeridas y el presupuesto no incluía la totalidad de las obras necesarias.
Aunque el contratista debía verificar la viabilidad del predio y asumir el costo de las modificaciones, en octubre de 2023 solicitó una adición de 6.500 millones de pesos, que fue aprobada. Luego se efectuó un pago de 3.339 millones por la compra del lote, trabajos preliminares y movimientos de tierra.
La obra fue suspendida en febrero de 2024 y, según los elementos recopilados, lo construido tendría que ser demolido por razones ambientales. Para la Fiscalía, las irregularidades habrían ocasionado un detrimento patrimonial de 3.339 millones de pesos.
La investigación también evidenció que en el municipio ya existía una institución educativa con 10 sedes adicionales, y que no se había previsto presupuesto para una nueva planta docente ni se contaba con suficientes estudiantes para justificar el proyecto.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. No aceptó los cargos.
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