Un total de 108 organizaciones civiles de Estados Unidos y de otros países enviaron este 16 de octubre una carta al Congreso estadounidense en la que solicitan una investigación formal sobre una serie de ataques militares realizados por la Administración Trump en el sur del Caribe entre septiembre y octubre de este año.
De acuerdo con la denuncia, las operaciones —ejecutadas presuntamente sin autorización del Congreso— habrían causado la muerte de decenas de personas y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
El documento fue dirigido a los presidentes y miembros de mayor rango de los Comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes, encabezados por los congresistas Roger Wicker, Jack Reed, Mike Rogers y Adam Smith.
Las organizaciones manifestaron su preocupación por la creciente militarización de las operaciones antinarcóticos y exhortaron al Congreso a tomar medidas urgentes “para frenar el uso indebido de la fuerza letal en nombre de la seguridad nacional”.
#MUNDO Más de 100 organizaciones de la sociedad civil estadounidenses e internacionales enviaron una carta al Congreso de EE.UU. solicitando que se investiguen formalmente los ataques militares letales realizados en el Sur del Caribe en los últimos dos meses contra embarcaciones… pic.twitter.com/m2etyJcY9z
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2025
Ataques en el Caribe
Según el contenido de la carta, los bombardeos estadounidenses se dirigieron contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, aunque —según los firmantes— no existen pruebas claras ni autorización legislativa que sustentaran esas acciones.
El primer ataque habría ocurrido el 2 de septiembre, dejando once personas muertas. Otros operativos similares se habrían desarrollado el 15 de septiembre, el 3 y 14 de octubre, con un saldo adicional de víctimas. Incluso, según CBS News, un sexto ataque se habría registrado el mismo 16 de octubre, pocas horas antes del envío de la carta, dejando sobrevivientes cuyo estado aún se desconoce.
La Casa Blanca aseguró que se trató de acciones contra el narcotráfico vinculadas al grupo venezolano Tren de Aragua, designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera. No obstante, las organizaciones civiles sostienen que las justificaciones oficiales no resisten el escrutinio legal nacional ni internacional.
Posibles ejecuciones extrajudiciales
El texto advierte que no hay evidencia de que las embarcaciones atacadas estuvieran armadas o representaran una amenaza directa, y que no se siguieron los protocolos de captura previos al uso de la fuerza letal.
“Las recientes acciones letales en el Caribe no tienen base en la ley estadounidense ni en la internacional, y aparentan constituir ejecuciones extrajudiciales”, señala la carta.
Además, los firmantes condenan la militarización interna impulsada por la administración Trump, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en tareas policiales, lo que —afirman— vulnera los límites legales entre defensa y seguridad interna.
Llamado a la supervisión del Congreso
Las organizaciones alertan sobre el precedente peligroso que implicaría permitir que el Ejecutivo ordene ataques letales sin control legislativo.
“El presidente ha hecho afirmaciones amplias de autoridad para emplear fuerza letal contra presuntos traficantes de drogas. Tales aseveraciones requieren una respuesta urgente del Congreso para prevenir más abusos”, enfatiza el documento.
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre la solicitud ni sobre una eventual investigación legislativa.

hace 2 semanas
18








English (US) ·
Spanish (CO) ·