Más allá de la caja: El riesgo del “secuestro” de recursos, para la economía colombiana.

La decisión gubernamental de decretar el anticipo de impuestos y retenciones correspondientes al ejercicio fiscal 2026, para que estos sean abonados durante 2025, ha encendido todas las alarmas en el panorama económico nacional.

Si bien desde el Ejecutivo se podrá argumentar la necesidad de fortalecer la caja fiscal a corto plazo, las consecuencias de esta medida, lejos de ser una solución sostenible, amenazan con generar distorsiones significativas y sembrar un campo minado para la actividad económica futura.

En primer lugar, el impacto más inmediato recaerá sobre la liquidez de las empresas.  Compañías de todos los tamaños, pero especialmente las pequeñas y medianas (PYMEs) –verdadero motor del empleo–, verán cómo sus flujos de caja proyectados para 2025 se ven drásticamente mermados.

Este “secuestro” de recursos obligará a muchas a recurrir a financiación externa en un entorno que podría ser de tasas de interés elevadas, encareciendo sus operaciones y reduciendo su competitividad. Aquellas con márgenes más ajustados o menor acceso al crédito podrían enfrentarse a serios problemas de solvencia.

La consecuencia directa de esta asfixia financiera será una contracción de la inversión privada.

Con menos capital disponible, los planes de expansión, la adquisición de nueva maquinaria, la apuesta por la innovación y el desarrollo, e incluso la contratación de personal, pasarán a un segundo plano o serán directamente cancelados.

En un país que necesita desesperadamente impulsar su crecimiento y productividad, desincentivar la inversión es un tiro en el pie de consecuencias duraderas.

Para los ciudadanos, especialmente aquellos sujetos a retenciones de impuestos sobre la renta, la medida se traducirá en una menor disponibilidad de ingresos en 2025. Esto, inevitablemente, afectará el consumo interno, uno de los pilares de la demanda agregada. Menos consumo implica menos ventas para las empresas, realimentando el ciclo contractivo.

Desde la perspectiva de las arcas públicas, la medida es un claro ejemplo de “pan para hoy, hambre para mañana”. Si bien 2025 podría cerrar con cifras de recaudación artificialmente infladas, el ejercicio fiscal 2026 se enfrentará a un vacío considerable.

Los ingresos que debían percibirse ese año ya habrán sido gastados, creando un agujero fiscal que probablemente exigirá nuevos ajustes dolorosos, más endeudamiento o, irónicamente, la búsqueda de nuevas “ingenierías” fiscales igualmente perniciosas.

Este tipo de maniobras erosionan la previsibilidad y la credibilidad fiscal del país, elementos cruciales para atraer inversión extranjera y generar confianza en los agentes económicos.

Además, se genera una distorsión en la planificación financiera tanto de empresas como de individuos. Las decisiones económicas se toman con base en un marco normativo y fiscal que se presume estable. Cambios abruptos como este introducen un nivel de incertidumbre que paraliza y fomenta la informalidad, a la vez que castiga a quienes cumplen rigurosamente con sus obligaciones.

Es fundamental que las autoridades comprendan que la gestión fiscal responsable no se basa en trucos contables ni en exprimir al contribuyente de forma coyuntural. Se requiere una visión de largo plazo, que fomente la ampliación de la base tributaria a través del crecimiento económico, la formalización y la eficiencia del gasto público.

Este decreto, de materializarse, no sería más que un parche costoso, una solución aparente que esconde problemas estructurales más profundos. En lugar de aliviar la presión fiscal, la traslada y la agrava, comprometiendo la salud económica del país en el futuro inmediato.

Urge reconsiderar este camino y apostar por políticas que inspiren confianza, promuevan la inversión y sienten las bases para un crecimiento genuino y sostenible. Lo contrario es hipotecar el mañana para maquillar el presente.