El 15 de junio de 2021, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpían en la Diputación de Almería y detenían a quien entonces era su vicepresidente tercero y responsable del área de Urbanismo, Óscar Liria. Se le acusaba de haber cobrado supuestamente comisiones ilegales de entre 200.000 y 400.000 euros por la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario de dos millones de euros. Nacía así el primer caso Mascarillas de España y también el que más está tardando en resolverse en los tribunales. No ha sido hasta esta semana, casi cuatro años después, cuando han terminado de prestar declaración ante el juez instructor por primera vez los 17 investigados en la trama. El último, Fernando Giménez, el actual vicepresidente del ente municipal y mano derecha de su presidente, Javier Aureliano García —que también preside el PP de esa provincia, principal bastión del partido en Andalucía—, lo hizo este lunes.