Los datos oficiales no reflejan la alarma por la okupación de viviendas que fomenta Ayuso

“La inquiokupación, como la okupación, es un delito que se ceba con mucha gente inocente haciéndole grave daño”. La frase la pronuncia Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el 4 de febrero. Ese día posa en la sede de la Presidencia con la camiseta de una plataforma de afectados. “No somos un bulo”, se lee. Es el último paso para denunciar un problema que el PP ha convertido en una de sus banderas políticas, y que en Madrid cimenta una parte troncal de su discurso político y del de Vox. Sin embargo, los datos oficiales no reflejan la alarma que alimenta periódicamente la baronesa con sus intervenciones. Ayuso anunció en 2022 a bombo y platillo que el Canal de Isabel II bonificaría la tarifa del agua a quienes les habían okupado su vivienda: solo 18 se acogieron a esa opción en 2024. Asimismo, la Comunidad solo ha reconocido a 228 personas desde 2021 el derecho a ser compensadas por el alquiler que han dejado de cobrar por okupación de una vivienda en la que se ha suspendido el desahucio por considerarse vulnerable al inquilino, según información obtenida por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia.

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