Las ‘perlas’ del proyecto de Constituyente de Petro: “quiere arrasar con todo”

Cambiar el modelo económico, quitarle autonomía al Banco de la República y crear un tribunal constitucional autónomo. Esas son algunas de las iniciativas que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro para sustentar la Asamblea Nacional Constituyente que viene proponiendo desde 2023 de diferentes maneras.

Pero lo más reciente es que este viernes el Ejecutivo reactivó ese proyecto, haciéndolo pasar como de iniciativa popular, e inscribió un comité ante la Registraduría. Son los primeros pasos de un proceso que, según expertos, pinta inviable.

Contexto: ¿Globo o cortina de humo? Gobierno Petro inscribió Comité promotor de Asamblea Constituyente

EL COLOMBIANO accedió al proyecto de ley del Comité Promotor de la Constituyente, en el cual se explican uno a uno los motivos que justificarían esta movida, a la par que se enuncia cómo sería la convocatoria que debe realizarse por voto popular.

El documento, de 36 páginas, expone primero las razones que tiene el Gobierno para impulsar la constituyente. En este apartado, el más extenso, se mencionan algunas ideas recurrentes en el discurso de Petro durante su mandato: la transformación del modelo económico, la “actualización” del Banco de la República –cuya independencia el mandatario ha cuestionado en numerosas ocasiones– y la creación de un Tribunal Constitucional Autónomo de la Corte Constitucional.

Pero el motivo principal, que es el mismo que ha predominado durante estos casi cuatro años de mandato ante los fracasos de sus reformas sociales en el Congreso, es el supuesto “bloqueo institucional y las omisiones legislativas” que, según el documento, han “limitado la garantía efectiva de derechos fundamentales y erosionado la confianza ciudadana”.

Esta iniciativa aún no está en trámite, pues apenas este viernes el Gobierno dio el primer paso formal en el curso de la Constituyente, al inscribir el comité –conformado por nueve personas– ante la Registraduría Nacional.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien estuvo al frente del trámite, enfatizó que con este mecanismo se espera lograr los resultados que el Gobierno no ha podido obtener por medio de sus reformas sociales, faltando ocho meses para que haya un relevo en la Casa de Nariño.

Luego de la inscripción de este viernes, la Registraduría tiene un plazo de ocho días hábiles para verificar si el comité cumple con todos los requisitos de ley. Si hay luz verde, lo que sigue es presentar el documento mencionado para que sean el Senado y la Cámara quienes aprueben la consulta de la convocatoria constituyente a los colombianos.

El asunto es que este trámite ya no se realizaría durante el actual Gobierno, porque llegaría al Congreso solo el 20 de julio de 2026.

A diferencia del borrador de proyecto de ley que perseguía el mismo fin y que había sido anunciado por el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, en esta ocasión solo hay una pregunta: si se aprueba o no la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Esta estaría conformada por 125 personas y se realizaría entre dos y seis meses después de que la ley aprobada por el Congreso reciba el visto bueno de la Corte Constitucional. Posteriormente, se sometería a votación y solo sería válida si al menos una tercera parte del censo electoral vota “sí”, es decir, cerca de 13 millones de personas.

Con los pasos que ha dado el Gobierno esta semana en favor de este mecanismo, ha puesto a prueba sus propias contradicciones. La primera de ellas es la promesa incumplida de Petro en 2018, cuando aseguró sobre mármol —literalmente— que no impulsaría una constituyente en caso de llegar a la Presidencia.

Lea también: Petro lanza otra vez el globo de la Constituyente, pero no le dan los tiempos

Así lo reiteró este viernes el jefe de Estado, tras las críticas de la oposición por la inscripción del comité: “Y se respetará la Constitución de 1991. El Estado social de derecho se volverá realidad, que es el objetivo central de la Constitución. Estado social de derecho no es entregarle subsidios a quienes no necesitan, sino garantizar los derechos fundamentales a todas las personas que habitan Colombia. Es el pueblo el que decide, el nuevo Congreso está en sus manos y, por tanto, la Constituyente y las reformas sociales que el actual Congreso no aprobó”.

No obstante, la propuesta que ya comenzó a andar no tiene raíces en la ciudadanía, sino en el Ejecutivo y no hay ambiente para que una iniciativa así prospere, como sucedió en 1991 con un contexto totalmente distinto.

Constitucionalistas consultados por este diario dicen que analizando el documento tal como está, Petro “quiere arrasar con todo” y esa gran apuesta se puede traducir en dos frentes.

Primero, no solo el contenido del documento y la modificación de pilares fundamentales de la Constitución del 91 sino también utilizar esta propuesta como una plataforma electoral y política para los candidatos del Pacto Histórico tanto para el Congreso como la Presidencia.

Segundo, también sirve de distractor en momentos en los que el Gobierno está pasando aceite: baja ejecución, no cesan los escándalos en todos los sectores, endeudamiento y la polémica por la declaratoria de emergencia.

Como explicó en octubre a EL COLOMBIANO el exregistrador y profesor de la Universidad Javeriana Juan Carlos Galindo, “los tiempos no le dan al Gobierno. La insistencia sería netamente política: por un lado, para distraer a la opinión pública de los escándalos y la crítica, y por el otro, como campaña política pensando en 2026”.

O también, como lo dijo el reputado jurista Mauricio Gaona, “cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que quiere, al que hay que cambiar es al presidente, no la Constitución. Después de todo, la Constitución, no la voluntad del presidente, es la norma de normas”.