La seguridad que Colombia no puede seguir aplazando

Hay un sonido que ningún colombiano debería tener que reconocer y, sin embargo, lo reconocemos: el del estruendo que rompe la mañana y deja, otra vez, sangre en el asfalto. Esta última semana fue Cúcuta. Un carro bomba frente al Comando de Policía de Norte de Santander, el tercero de una seguidilla de ataques contra la Fuerza Pública en apenas siete días (El Heraldo, 2026). Sería un error creer que se trata de un hecho aislado.

El último año dibujó un mapa doloroso. En abril, un atentado en la vía Panamericana, en Cajibío (Cauca), dejó cerca de veinte muertos en medio de una oleada de once ataques en menos de veinticuatro horas (Associated Press, 2026). En 2025, Cali sufrió cinco atentados con explosivos que costaron once vidas (El Tiempo, 2026a), y el país vio cómo la violencia tocaba incluso la política, con el ataque al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay (Parlamento Europeo, 2025). Detrás de casi todos, los mismos nombres: las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el ELN.

Ser críticos exige nombrar lo evidente: durante años, la apuesta por la negociación no se tradujo en tranquilidad para el ciudadano de a pie. La “Paz Total” convivió con una expansión territorial de los grupos armados que hoy bloquean carreteras, extorsionan comercios y siembran miedo. No es odio decirlo; es honestidad con las víctimas.

Es en ese contexto que el país llega al 7 de agosto con una expectativa enorme. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha hecho de la seguridad la columna vertebral de su proyecto “Patria Milagro”. Su propuesta, que llama “Seguridad Democrática 2.0”, promete recuperar el control territorial con presencia permanente de la Fuerza Pública, uso intensivo de inteligencia, drones y tecnología, y el fin de las negociaciones con estructuras criminales (RCN Radio, 2026). A ello suma un “Plan Colombia II” con cooperación internacional, un plan de choque para retomar el territorio en noventa días y una ofensiva frontal contra el narcotráfico (El Tiempo, 2026b).

Hay razones para la esperanza, y conviene decirlo sin cinismo: un Estado decidido a no ceder un metro de territorio a quienes matan es, en sí mismo, un cambio de rumbo. Pero la esperanza responsable también advierte. La mano firme sin inteligencia se vuelve improvisación; la seguridad sostenible no se decreta en noventa días, se construye con justicia, presencia social y respeto a los derechos humanos. Las promesas, por ambiciosas que suenen, valen lo que valga su cumplimiento.

Colombia no pide milagros: pide resultados. Pide viajar por una carretera sin rezar, abrir un negocio sin pagar vacuna, criar a los hijos sin escuchar explosiones. Ese anhelo no es de derecha ni de izquierda; es profundamente humano. Si el nuevo gobierno logra traducir su discurso en vidas protegidas, habrá honrado a cada víctima de esta larga temporada de dolor.

Que el viernes no sea solo una posesión. Que sea el día en que este país, cansado pero de pie, vuelva a creer que la seguridad —esa que tanto anhelamos y merecemos— también es posible.