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Durante el último tramo del gobierno de Gustavo Petro, la queja de la oposición sobre la lentitud de la Comisión de Acusación apuntaba a que quien presidía esa célula era cercana al petrismo: Gloria Arizabaleta, quien en su momento fue pareja de Roy Barreras. Hoy, tras el cambio de Congreso y de Gobierno, la queja es similar: los procesos no parecen avanzan.
Aunque, justo en la recta final del mandato, en junio, la propia Arizabaleta habría ordenado la suspensión provisional del cargo presidencial, una decisión que terminó por no hacerse efectiva por haberse tomado de forma individual y sin seguir los procedimientos, lo cierto es que durante el cuatrienio pasado se conoció poco sobre el avance de los casos contra Petro.
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Hoy, la coalición de gobierno es mayoritaria; quien preside esa corporación es el representante de Cambio Radical, Carlos Cuenca. Y, sin embargo, esta semana han sido varios los integrantes de los diferentes partidos ahora de gobierno que exigen que las investigaciones contra Petro, por fin, se muevan.
Cabe señalar que esa comisión es la célula de la Cámara de Representantes encargada de investigar al presidente de la República y a otros altos funcionarios aforados, incluidos los expresidentes por hechos relacionados con el ejercicio de sus cargos. Si encuentra mérito, puede formular una acusación ante el Senado, corporación que tiene a su cargo el juicio político, de acuerdo con la Constitución.
Este martes, el codirector de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, firmó una carta dirigida a los representantes de la Comisión de Investigación y Acusación. Pedía “celeridad y actuación inmediata” frente a las investigaciones relacionadas con el expresidente Petro.
El tono del documento es el de un regaño institucional. “Colombia reclama de la Comisión de Investigación y Acusación un acto de grandeza, independencia y responsabilidad histórica”, arranca la carta. Y más adelante pide que las investigaciones se adelanten “por primera vez y sin dilaciones injustificadas”.
El partido enumera cuatro frentes. El primero es el llamado “Pacto de Valledupar”, sobre presuntas reuniones y acuerdos con exjefes paramilitares que habrían buscado afectar la imagen del presidente Abelardo de la Espriella, del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del exvicepresidente difunto Germán Vargas Lleras.
El segundo son las denuncias sobre presuntos contratos de prestación de servicios en el entorno de la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior que habrían sido usados para favorecer a mujeres a cambio de servicios o favores sexuales. Sobre ese caso, el partido pide un esclarecimiento inmediato y plenas garantías para las denunciantes.
El tercero es la compra de los aviones de combate Gripen a Suecia, una operación de alto impacto sobre los recursos públicos sobre la que, a juicio de Cambio Radical, no hay claridad ni sobre las razones del contrato ni sobre el cumplimiento del deber de planeación.
El cuarto es un saco más amplio: “los demás hechos y denuncias” que cursan en la Comisión. Y es que para junio la Procuraduría habló de más de 290 procesos contra el expresidente.
La carta se cuida de aclarar que no busca “anticipar responsabilidades ni desconocer las garantías del debido proceso”. Pero dice que la comisión “no puede continuar siendo percibida por los colombianos como una instancia de dilaciones interminables, expedientes inconclusos y ausencia de resultados”.
Casi en paralelo, el abogado Jaime Lombana radicó ante la misma Comisión una denuncia contra Petro por los delitos de perturbación del certamen democrático y concierto para delinquir, con el respaldo del Partido Conservador.
El argumento de Lombana es que el expresidente sembró dudas sobre la legitimidad de la elección presidencial en la que ganó De la Espriella, mientras sí aceptaba los resultados de las elecciones legislativas. Para el abogado, Petro instaló en la opinión la idea de “un fraude que de ninguna manera existe”.
En su denuncia sostiene que la Procuraduría, la Contraloría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral no encontraron indicios de fraude, y vuelve a mencionar el Pacto de Valledupar.
La paradoja, en todo caso, está en el destinatario. La Comisión de Acusación no es un organismo ajeno a los partidos: la integran representantes a la Cámara de las diferentes bancadas.
Por ahora, la carta de Cambio Radical termina con tres peticiones: que se dé prioridad a estas investigaciones, que se impulsen las pruebas sin dilaciones injustificadas y que se le informe al país sobre sus avances. Es, en el fondo, la misma lista de tareas que la oposición de ayer le exigía a una Comisión que, en su relato, no le pertenecía. La diferencia es que hoy esa lista la tienen que cumplir los suyos.
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