Publicado por: Laura Martinez
2025-01-02 | 3:17 pm
Foto de archivo
Judicializados policías involucrados en retención ilegal y hurto a un ciudadano en Medellín
Resumen: Dos patrulleros de la Policía Nacional en Medellín fueron judicializados por retención ilegal y robo a un vendedor ambulante. La Fiscalía los acusó de secuestro y hurto agravado.
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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos patrulleros de la Policía Nacional, Jorge Fernando Barrios Vergara y Jorge Enrique Guerrero Salgado, por los delitos de secuestro simple agravado, hurto calificado y agravado, concusión y prevaricato por omisión. Los uniformados están acusados de haber retenido de manera ilegal a un vendedor ambulante y de robarle sus pertenencias en Medellín.
Según el material probatorio presentado por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 23 de diciembre en un sector del viaducto de Medellín. Los patrulleros abordaron al vendedor informal, quien fue trasladado de forma irregular al CAI del Parque de Bolívar, donde le despojaron de sus pertenencias, incluyendo un anillo y un reloj, cuyo valor total superaba los 2 millones de pesos. Además, la víctima denunció que los policías le habrían colocado una bolsa con estupefacientes en su maletín para simular una captura, exigiéndole luego la suma de 10 millones de pesos para su liberación.
El vendedor ambulante logró escapar y denunció rápidamente el hecho, lo que permitió a los funcionarios del Gaula capturar a los patrulleros en flagrancia. La investigación también reveló que los mismos uniformados estarían involucrados en otro caso similar ocurrido el 19 de diciembre. En esta ocasión, los policías habrían falsificado una orden de captura contra otro vendedor informal, alegando que este estaba involucrado en un delito de hurto. La víctima fue llevada en contra de su voluntad al mismo CAI, donde sufrió golpizas, insultos y el robo de pertenencias valoradas en cerca de 7 millones de pesos.
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El juez de control de garantías impuso a los patrulleros una medida de aseguramiento en lugar de residencia. Sin embargo, la Fiscalía apeló esta decisión, considerando que las pruebas presentadas justificaban una medida más severa.
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Laura Martínez
Comunicadora Social de la Universidad Católica de Oriente con énfasis en el desarrollo humano, apasionada por la radio, las letras y el periodismo judicial