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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevará a cabo una audiencia pública en dos etapas para que antiguos miembros de la IV Brigada del Ejército y dos civiles reconozcan su participación en asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como muertes en combate. Las sesiones se realizarán en Granada del 4 al 6 de diciembre y en Medellín entre el 15 y el 17 de diciembre de 2025.
En total, 40 exintegrantes de seis batallones, además de dos terceros civiles, deberán brindar una versión directa sobre su papel en los hechos investigados dentro del Caso 03, subcaso Antioquia. Estas conductas, cometidas entre 2002 y 2007 en varias subregiones del departamento, dejaron al menos 589 víctimas que fueron reportadas de manera fraudulenta como bajas en enfrentamientos.
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Aunque la Sala de Reconocimiento imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 50 comparecientes, ocho de ellos —incluidos dos generales retirados, entre ellos Mario Montoya Uribe, así como un coronel y tres tenientes coroneles— no aceptaron los cargos y sus procesos fueron enviados a la Unidad de Investigación y Acusación. Otros tres brigadieres generales presentaron solicitudes de nulidad que siguen en estudio.
La audiencia fue citada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP y será presidida por la magistrada Catalina Díaz, relatora del Subcaso Antioquia del Caso 03.
La diligencia inicia en Granada, Oriente antioqueño, los días 4, 5 y 6 de diciembre, con los… pic.twitter.com/5lMPDT4JhN
La convocatoria reúne a más de 400 víctimas acreditadas, quienes escucharán los relatos de los implicados y podrán plantear exigencias sobre verdad y reconocimiento. La JEP busca que los comparecientes expliquen cómo se ejecutó la operación criminal dentro de las estructuras militares investigadas.
Los crímenes atribuidos se registraron en zonas del Oriente, Norte, Nordeste, Suroeste, Occidente y el Valle de Aburrá. Entre los batallones involucrados se encuentran el de Artillería N.º 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’, el Grupo de Caballería Mecanizado N.º 4 ‘Juan del Corral’, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5, los batallones de Infantería N.º 32 y N.º 10, y el Batallón de Ingenieros N.º 4.
En la primera parte, en Granada, se revisarán los hechos vinculados al BAJES (Batallón de Artillería N.º 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez) y al GMJCO (Grupo de Caballería Mecanizado N.º 4 Juan del Corral), con énfasis en el periodo en el que se implementó la política informal del “conteo de cuerpos”. Según la investigación, esta práctica tomó fuerza bajo la comandancia del general (r) Mario Montoya Uribe, convirtiendo la cifra de muertes en combate en un indicador de rendimiento militar.
La segunda fase, en Medellín, abordará los crímenes cometidos en el Valle de Aburrá, el Norte y el Occidente, ocurridos entre 2004 y 2007 durante la comandancia de los generales Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo. La JEP determinó que la dinámica surgida en el Oriente se replicó y profundizó en otras zonas del departamento.
Entre 2002 y 2007, el Oriente antioqueño fue el epicentro del inicio de este patrón criminal. Hoy se sabe, a partir del proceso de contrastación judicial, que bajo la comandancia del general (r) Mario Montoya Uribe se configuró una política de facto de “conteo de cuerpos” entre…
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 3, 2025Durante los últimos ocho meses, equipos técnicos y el despacho instructor de la JEP han trabajado con víctimas y comparecientes para estructurar esta audiencia. La diligencia es considerada un hito para avanzar en el derecho a la verdad y consolidar garantías de no repetición en Antioquia, el territorio más afectado por hechos que el país conoce como “falsos positivos”.
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