JEP aumenta a 7.837 las víctimas de ‘falsos positivos’ y amplía el periodo de investigación: 1990-2016

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó una nueva actualización sobre el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, elevando la cifra a 7.837 casos documentados, en el marco del conflicto armado interno. Este ajuste representa un incremento frente al consolidado anterior de 6.402 víctimas, divulgado en 2021.

De acuerdo con la jurisdicción, el aumento responde a una ampliación del periodo de análisis, que ahora abarca hechos ocurridos entre 1990 y 2016, así como al fortalecimiento metodológico en la recolección y contraste de información. Para esta actualización, la JEP integró datos provenientes de la Fiscalía, la Procuraduría, organizaciones de víctimas y versiones aportadas por comparecientes, lo que permitió identificar nuevos casos que no habían sido incluidos en los registros iniciales.

Estos hechos son investigados dentro del Caso 03, denominado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, uno de los procesos priorizados por la JEP. Según el tribunal, se trata de homicidios y desapariciones forzadas presuntamente cometidos por integrantes de la fuerza pública, que habrían sido reportados falsamente como resultados operacionales para mostrar supuestos avances en la lucha contra grupos armados ilegales.

La entidad precisó que la cifra de 7.837 víctimas no es definitiva, ya que el universo de casos continúa en construcción. En ese sentido, no se descarta que el número aumente a medida que avancen las investigaciones, se reciban nuevos testimonios y se profundice en el análisis de archivos y bases de datos oficiales.

En el desarrollo del Caso 03, la JEP ha venido imputando responsabilidades a exintegrantes del Ejército Nacional, especialmente en regiones donde se concentró un alto número de hechos, como Norte de Santander, Antioquia, Meta, Casanare y la Costa Caribe. Las investigaciones buscan establecer patrones, identificar máximos responsables y determinar las condiciones en las que se habrían cometido estos crímenes.

Asimismo, la jurisdicción reiteró que su mandato se centra en garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, dentro del Sistema Integral de Paz surgido tras el acuerdo firmado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC.

Finalmente, la JEP subrayó que este nuevo consolidado representa un avance en el esclarecimiento de uno de los capítulos más sensibles del conflicto armado en Colombia, al tiempo que reafirma la importancia de seguir fortaleciendo los procesos de investigación y reconocimiento de responsabilidades.