hace 1 día
1
El Cuerpo de Bomberos de Sonsón, oriente antioqueño, informó sobre el llamado de la comunidad para atender un incendio residencial en la calle 7 con carrera 9 a una vivienda antigua que intentaba ser recuperada para preservación histórica, que a su vez fue consumida en un 5%.
Lea también: Copa Libertadores: Atlético Nacional aplasta a Nacional de Uruguay con goleada 3-0 en Medellín
Según se conoció, "La Casa Real" como se le conoce por los habitantes del municipio, ardió en llamas alrededor de las 11:15 de la noche, al parecer, por un corto circuito ocurrido en la zona que derivó en la afectación la inmueble.
Lizeth Sánchez, cabo del Cuerpo de Bomberos expresó que una vez recibieron el llamado de la comunidad, inmediatamente se dirigieron al lugar para controlar la situación.
De parte de las autoridades, también expresaron que se pudo dar control total al incendio estructural con el acompañamiento de 7 unidades de bomberos, dejando una afectación del 5% en el mismo.
Le puede interesar: Pandillas juveniles siembran terror en Medellín: comunidad pide intervención urgente
Finalmente, aunque se presume que las causas pudieron ser un corto circuito, en horas de la mañana de este jueves 3 abril, las autoridades realizarán las respectivas investigaciones para determinar las verdaderas causas del incendio que no dejó pérdidas o lesiones humanas.
EN OTRAS NOTICIAS
Fiscalía imputó a contratista e interventor de Hidroituango
La Fiscalía General de la Nación imputó al exdirector Ambiental, Social y de Sostenibilidad del Proyecto Ituango de EPM ESP, Jorge Ignacio Castaño Giraldo; al representante legal del consorcio constructor CCC Ituango, Santiago García Cadavid; y al representante legal y gerente de la interventoría del proyecto, Álvaro Aravi Castro Vásquez, como presuntos autores de los delitos de daño en los recursos naturales y peculado por apropiación.
Según lo indicado por el ente acusador, los elementos materiales probatorios indican que la decisión de implementar el Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) de Hidroituango, que se construyó para desviar el río Cauca; y la puesta en marcha de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) fueron concretados con la suscripción de actas de modificación bilateral a los contratos de obra principales y de interventoría.
El fiscal segura que las obras nuevas se ejecutaron sin tener la modificación de la licencia ambiental: "decidió la implementación de un sistema auxiliar de desviación y la construcción de la galería auxiliar de desviación o tercer túnel contemplando un segundo desvío del río para el año 2017. Se trata de obras que modificaban el diseño original y por lo tanto con impacto en los requisitos de prevención, mitigación, corrección y compensación de los manejos ambientales de la obra autorizada".
En el curso de la investigación se estableció que las obras se realizaron incumpliendo la normatividad ambiental, “pues no se obtuvo modificación de la licencia ambiental y se avanzó en los trabajos sin el estudio de impacto. Se adelantaron sin que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se pronunciara sobre los aspectos de compensación, mitigación, control, manejo, seguimiento y mejoramiento del entorno humano y biológico del proyecto, así como los requerimientos sociales y ambientales”, señala la Fiscalía.
El fiscal advierte los daños sociales que, al parecer, se causaron con la ejecución de la obra sin tener la modificación de la licencia ambiental: "por la limitación al acceso y disponibilidad a los recursos que provee el río Cauca. Se modifica como eje estructural de la organización sociocultural de las comunidades rivereñas del Norte y Bajo Cauca antioqueño".
Según la Fiscalía esto representó la disposición de recursos del erario, en tanto fueron apropiados por la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM) en favor de los contratistas, a través de la celebración de las actas modificatorias para la ejecución de obras no licenciadas y efectivamente pagadas, por un valor superior a 339.107 millones de pesos.
El contratista de obras principales, el Consorcio CCC Ituango representado por Santiago García Cadavid; junto con la interventora, Consorcio Ingetec - Sedic, en cabeza de Álvaro Aravi Castro Vásquez, presuntamente impusieron a la generadora eléctrica un funcionamiento no previsto en el diseño original, con consecuencias negativas para los recursos naturales y el medio ambiente, y en la zona de influencia del proyecto, en la cuenca media y baja del río Cauca.
Jorge Ignacio Castaño Giraldo, en su condición de director Ambiental Social y Sostenibilidad del Proyecto Ituango EPM, habría convenido estas decisiones contrariando sus funciones en materia de gestión ambiental y social.
Los imputados no aceptaron los cargos formulados por el Grupo de Trabajo de Hidroituango, adscrito a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
English (US) · 
Spanish (CO) ·