Imputarán cargos a exdirector del Área Metropolitana por irregularidades en contratos por $18.656 millones 

La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará la imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Juan David Palacio Cardona, quien se desempeñó como director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante el gobierno de Daniel Quintero Calle en Medellín (2020-2023).

De acuerdo con la investigación penal, los hechos bajo escrutinio están relacionados con seis contratos adjudicados entre 2020 y 2021 por un valor superior a $18.656 millones de pesos, los cuales —según el ente acusador— fueron tramitados bajo la modalidad de contratación directa por “apoyo a la gestión”, a pesar de que incluían suministros y actividades no compatibles con esa causal excepcional.

La Fiscalía acusa a Palacio Cardona de posibles delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, señalando que estos actos pudieron haber favorecido a terceros en detrimento del interés público y del patrimonio de la entidad metropolitana.

La audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento fue programada para el próximo lunes 26 de enero de 2026, ante un juez penal con funciones de control de garantías. Además de Palacio, también serán citadas Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, quienes ejercieron como subdirectoras del AMVA en distintos periodos entre 2020 y 2024.

Según los investigadores, estos procesos no son hechos aislados, ya que dentro de la misma investigación penal ya figuran capturas y medidas de aseguramiento contra otros exfuncionarios vinculados a contratos con distintas entidades, lo que apunta a una posible estructura organizada de adjudicación irregular de recursos públicos durante el cuatrienio de Quintero en La Alpujarra.

Aunque la Fiscalía ha centrado sus diligencias en los exmandatarios y sus cercanos colaboradores, ni Daniel Quintero Calle ni otros implicados han sido formalmente imputados en este caso específico hasta el momento, aunque investigaciones conexas por presunta corrupción y contratos irregulares vinculados con entidades municipales siguen en curso.

El caso reaviva el escrutinio público sobre la gestión de recursos en proyectos metropolitanos y la transparencia en la administración regional, y llega en un contexto político sensible para Medellín y Antioquia.