Granada es escenario del reconocimiento de 40 exmilitares por crímenes de falsos positivos entre 2002 y 2007

El municipio de Granada se convirtió esta semana en el escenario central de uno de los actos de reconocimiento de responsabilidad más significativos adelantados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el país.

Entre el 4 y el 6 de diciembre, cuarenta exintegrantes de la Cuarta Brigada del Ejército y tres civiles admiten públicamente su participación en al menos 589 asesinatos y desapariciones forzadas que posteriormente fueron presentados de manera ilegal como bajas en combate.

Las diligencias, desarrolladas en espacios comunitarios de Granada, reúnen a más de 400 víctimas convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Ante ellas, los comparecientes deben relatar de viva voz el rol que cumplieron dentro del plan criminal, reconocer los daños ocasionados y responder directamente a las exigencias de verdad de las familias. Según la JEP, los involucrados pertenecían a seis batallones adscritos a la IV Brigada y actuaron en el marco de una práctica que consolidó al departamento como el territorio con mayor número de falsos positivos en Colombia.

La jurisdicción reiteró que fue precisamente en el Oriente antioqueño donde se instauró la política de facto del llamado “conteo de cuerpos”, utilizada entre 2002 y 2003 bajo la comandancia del general (r) Mario Montoya Uribe. Bajo este esquema, las muertes en combate se convirtieron en el principal indicador de éxito militar, una directriz que, según la investigación, incentivó la comisión de ejecuciones extrajudiciales en varias subregiones.

Los casos atribuidos a la Cuarta Brigada ocurrieron entre 2002 y 2007 en el Oriente, Norte, Nordeste, Valle de Aburrá, Suroeste y Occidente de Antioquia. De las 589 víctimas registradas, 228 fueron también desaparecidas forzadamente y 41 torturadas. La Sala de Reconocimiento imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 50 comparecientes, incluyendo generales, coroneles, oficiales subalternos y soldados, considerados máximos responsables. Cuarenta y dos de ellos aceptaron su responsabilidad por escrito y se comprometieron a contribuir con el esclarecimiento total de lo ocurrido y con la búsqueda de personas desaparecidas.

Durante la apertura de la audiencia, la magistrada Catalina Díaz destacó la centralidad de las víctimas en este proceso y subrayó que el reconocimiento público en Granada permite situar el relato en el territorio donde se cometieron buena parte de los crímenes. Las madres, hermanas y familiares de las víctimas participan activamente, exponiendo los impactos que estos hechos tuvieron en sus vidas y en la comunidad.

No todos los comparecientes, sin embargo, aceptaron responsabilidad. El general (r) Mario Montoya Uribe, junto con otros altos mandos como el mayor general (r) Édgar Emilio Ávila Doria y tres tenientes coroneles, negó los señalamientos pese al acervo testimonial y documental recopilado por la JEP. Sus expedientes fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar un juicio adversarial.

Tras el cierre de la jornada en Granada, el proceso continuará en Medellín los días 15, 16 y 17 de diciembre, donde se abordarán los hechos atribuidos a otros batallones y cometidos principalmente en la capital antioqueña, el Valle de Aburrá, el Norte y el Occidente del departamento entre 2004 y 2007.

Con esta audiencia, Granada se convierte no solo en sede del reconocimiento, sino también en un punto de memoria para un proceso que busca establecer responsabilidades, reparar a las víctimas y avanzar en la reconstrucción de la verdad sobre uno de los capítulos más graves del conflicto armado en Antioquia.