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El Gobierno Nacional, en representación del ministro del Interior, Rodrigo Lara, radicó en el Congreso el proyecto de acto legislativo conocido informalmente como la “ley antimermelada”, que busca transformar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Con la iniciativa impulsada por Abelardo de la Espriella se buscaría exigir que toda gestión presupuestal o de inversión territorial se realice de forma abierta y de cara a la ciudadanía. En su radicación, el ministro Lara enfatizó la necesidad de eliminar las negociaciones secretas que históricamente han caracterizado la asignación de presupuestos y contratos a cambio de votos legislativos.
El proyecto “antimermelada” contempla una serie de transformaciones estructurales en la gestión de recursos públicos y en las reglas de juego para los congresistas.
Uno de esos puntos es facultar a senadores y representantes a postular proyectos de inversión pública destinados a sus municipios y departamentos, con el fin de que puedan ser incluidos por el Gobierno en el Presupuesto General de la Nación o financiados a través de fondos especiales del orden nacional.
No obstante, se establece que todas las postulaciones deberán quedar inscritas obligatoriamente en un registro público que cualquier ciudadano podrá consultar.
De igual manera, aunque ya los congresistas podrán promover iniciativas para sus regiones, el proyecto recalca que tendrán estrictamente prohibido intervenir en los procesos de adjudicación, celebración o ejecución de los contratos que se deriven de dichos proyectos.
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Esta reforma precisa que solo existirá un conflicto de intereses obligatorio cuando se compruebe un beneficio particular y determinado a favor del congresista, su cónyuge o compañero permanente, sus familiares en los grados estipulados por la ley o sus socios.
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Asimismo, la financiación de campaña debidamente registrada o la defensa de sectores económicos amplios no constituirán un impedimento automático para votar, siempre que hayan sido declaradas de manera transparente.
En las propuestas se subraya que los congresistas que oculten información en su declaración pública de intereses serán sancionados con la pérdida de su investidura.
Con esto se busca regular el llamado lobby, permitiendo que los congresistas representen abiertamente las causas de diversos sectores económicos o sociales sin incurrir en inhabilidades ambiguas.
Este proyecto, al tratarse de una reforma de carácter constitucional, ya que propone modificar cuatro artículos de la Carta Magna: el 180, el 182, el 183 y el 346, iniciará su trámite en las Comisiones Primeras de la Cámara de Representantes y del Senado.
Para convertirse en norma constitucional, la propuesta deberá superar un exigente recorrido de ocho debates legislativos, distribuidos en dos vueltas consecutivas en ambas corporaciones.
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