El Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro oficializó la creación de zonas de ubicación temporal (ZUT) para integrantes del Clan del Golfo, el grupo armado ilegal más numeroso del país, en medio de los diálogos de paz que buscan su desmovilización y tránsito hacia la legalidad.
Según la Resolución 471 de 2025, las áreas en las que los miembros del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) podrán concentrarse hasta el 31 de diciembre de 2026 son localidades rurales de Tierralta (Córdoba), Unguía y Belén de Bajirá (Chocó). La delimitación completa de estos territorios ha sido resguardada por el Gobierno debido a razones de seguridad y logística.
Estas ZUT operarán bajo supervisión del Ministerio de Defensa Nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), que tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento de los compromisos pactados en el marco del proceso de paz.
Una de las medidas más controvertidas establecidas en la resolución es la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición de quienes se encuentren en esas zonas, siempre y cuando mantengan su estadía dentro de los terrenos pactados. El Gobierno ha insistido en que esta disposición no representa “impunidad”, sino una herramienta para facilitar la negociación y el sometimiento a la justicia.
Durante una alocución pública, el presidente Petro destacó que estas zonas permitirán “primeros pasos sólidos” hacia lo que denominó la desnarcotización del país, invitando a los combatientes a arribar sin armas para discutir su desmovilización. Según el mandatario, la paz es el mejor regalo que puede ofrecerse al país en esta temporada festiva.
No obstante, la decisión ha generado cuestionamientos desde diferentes sectores políticos y de seguridad, que argumentan que otorgar espacios de ubicación a un grupo con historial de narcotráfico, extorsión y violencia podría interpretarse como un gesto que fortalece su influencia territorial. La designación reciente del Clan del Golfo como organización terrorista por parte de Estados Unidos añade una capa adicional de complejidad al contexto de estos acuerdos.
El proceso de paz con el Clan del Golfo, iniciado formalmente el 18 de septiembre de 2025 en Doha, Catar, ha sido observado por mediadores internacionales y ha generado opiniones encontradas en la opinión pública colombiana.
Mientras el Gobierno defiende la estrategia como un camino hacia la “Paz Total”, críticos advierten que ceder espacios y suspender órdenes de captura podría debilitar la presencia estatal en las regiones afectadas y enviar un mensaje ambiguo sobre el combate al crimen organizado. En regiones como Antioquia, donde las operaciones del Estado durante este año han centrado su ofensiva contra el Clan del Golfo con resultados mixtos, el debate sobre la eficacia de estas políticas es especialmente vivo.
La implementación y seguimiento de estas zonas de ubicación temporal será una de las principales pruebas para el Gobierno entrante, ya que los acuerdos —según líderes del propio Clan del Golfo— deberán trascender la actual administración y consolidarse en mecanismos institucionales que puedan garantizar resultados sostenibles hacia el 2026 y más allá.

hace 3 días
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