Gobierno nacional descartó liquidar a Nueva EPS, la más grande del país. ¿Seguirá intervenida?

En vilo siguen los más de 10 millones de personas que están afiliadas a Nueva EPS en Colombia, la entidad promotora de salud más importante del país, con presencia en el 98 % de los municipios del territorio nacional.

La EPS está intervenida hace más de un año, y la decisión, como mínimo, se mantendría hasta marzo de 2026. Pese a que la entidad fue tomada por el Gobierno nacional, los pacientes siguen sufriendo demoras en la entrega de medicamentos, interrupciones en tratamientos y dificultades para acceder a especialistas.

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Dado que la atención no mejora, pese a la intervención de la Superintendencia de Salud, en las últimas horas le consultaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, si se contempla una posible liquidación de la EPS.

El ministro fue tajante en descartar esta opción: “No… Si tuviéramos que liquidar, entonces nos tocaría liquidar todas las EPS… Todas deben de liquidarse”, dijo.

Aunque se descarta la liquidación, aún es incierto si el Gobierno prorrogará la intervención que, por ahora, no se ha visto reflejada en una mejor atención.

Solo en Rionegro, Nueva EPS tiene 34 000 afiliados, y en el Oriente tiene más de 144 000. En el caso particular de la Clínica Somer, esta había advertido que la EPS le adeuda más de 88 000 millones de pesos.

Antes de su intervención, la Nueva EPS cerró el 2023 con pérdidas superiores a $411 000 millones.

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Por su parte, Nueva EPS denunció en 2024 que 15 hospitales en varias regiones del país, entre ellas Antioquia, estaban reteniendo más de $56 000 millones, lo que ha afectado gravemente su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros y mantener la eficiencia en la prestación de sus servicios de salud.

Recordemos que el Gobierno nacional acusó a las directivas de Nueva EPS de, supuestamente, desviar recursos a través de las IPS. Según el Ministerio de Salud, la entidad reportaba un pasivo de 11,7 billones de pesos antes de la intervención, mientras los activos apenas alcanzaban los $6,7 billones, lo que generaba un déficit contable de alrededor de $4,5 billones.

Por estos hechos ya hay acusaciones penales en contra de cuatro exdirectivos de la principal EPS del país.

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