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El Ministerio de Educación Nacional ordenó recientemente medidas de vigilancia especial para la Universidad de Antioquia, con el objetivo de enfrentar los riesgos financieros que comprometen la continuidad del servicio educativo y la estabilidad institucional.
La decisión fue formalizada mediante la resolución 016105 de 2025, en ejercicio de las facultades de inspección y control que le otorga la Constitución y la Ley 1740 de 2014.
El diagnóstico elaborado por el Ministerio señala una situación crítica relacionada con la liquidez, fallas en el control del gasto y debilitamiento en la capacidad operativa, lo que, según la entidad, podría afectar la calidad y sostenibilidad de la universidad pública más emblemática del departamento.
Medidas adoptadas
Como parte de la intervención, la universidad deberá diseñar e implementar un plan de mejoramiento obligatorio, bajo supervisión del Ministerio, que atienda los problemas administrativos y financieros detectados. Además, se le impondrán condiciones específicas de cumplimiento para corregir las deficiencias identificadas.
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La vigilancia especial incluye la presencia de un inspector designado que monitoreará permanentemente el funcionamiento institucional, y contempla la posibilidad de suspender temporalmente registros calificados de programas académicos o frenar nuevos trámites. También se abre la opción de intervención directa en el manejo de recursos si se confirma que su administración pone en riesgo la prestación del servicio educativo.
Pese a la adopción de estas medidas, el Ministerio recalcó que el Gobierno nacional ha realizado una inversión creciente en la Universidad de Antioquia. Las transferencias para funcionamiento aumentaron de $540 000 millones en 2022 a una proyección de $676 000 millones en 2025. En inversión directa y apoyo a la gratuidad también se han registrado incrementos significativos.
En el segundo semestre de 2024, el 90 % del estudiantado (33 791 personas) recibió el beneficio de gratuidad en matrícula, cifra que evidencia el esfuerzo estatal por garantizar el acceso a la educación superior.
Respuesta de la Universidad de Antioquia
Tras conocerse la resolución, la rectoría de la UdeA, encabezada por John Jairo Arboleda, expresó su desacuerdo con las medidas impuestas. Mediante un comunicado, la institución aseguró que no se presentan las causales legales que justificarían una vigilancia especial, como interrupción del servicio, uso indebido de recursos o programas sin registro calificado.
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La administración universitaria informó que sus equipos jurídicos están analizando detalladamente el acto administrativo emitido por el Ministerio y que ejercerán los recursos legales dentro del plazo estipulado para impugnarlo.
Próximos pasos
El Ministerio aclaró que podrá modificar, ampliar o finalizar las medidas según el cumplimiento que demuestre la universidad en los próximos meses. También enfatizó que esta acción no representa una vulneración a la autonomía universitaria, sino que busca proteger el derecho de los estudiantes a recibir educación en condiciones de calidad y continuidad.
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