Gobierno expidió decreto para liquidar el Ministerio de la Igualdad

hace 1 semana 11

El Gobierno Nacional expidió el decreto que da inicio al proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, entidad creada en 2023 durante la administración del presidente Gustavo Petro. La medida establece un plazo inicial de un año para culminar el cierre administrativo de la cartera, aunque dicho periodo podría ser prorrogado si las circunstancias del proceso así lo requieren.

La decisión se produce luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que dio origen al ministerio, al encontrar vicios de procedimiento relacionados con el trámite legislativo. Sin embargo, el alto tribunal había diferido los efectos de esa decisión hasta el 20 de junio de 2026 para permitir que el Congreso tramitara una nueva iniciativa que subsanara las irregularidades detectadas.

Ante la falta de aprobación de un nuevo proyecto de ley dentro de los plazos establecidos, el Ejecutivo avanzó en las medidas administrativas para reorganizar las funciones que estaban a cargo de la entidad y garantizar la continuidad de los programas dirigidos a poblaciones vulnerables y grupos históricamente excluidos.

De acuerdo con las directrices emitidas por el Gobierno, durante el proceso de liquidación se realizará la redistribución de competencias, programas, bienes y personal hacia otras entidades del Estado. Asimismo, se busca asegurar que las iniciativas sociales desarrolladas por el ministerio continúen operando mientras se define su nueva estructura institucional.

El Ministerio de Igualdad y Equidad fue creado con el propósito de coordinar políticas públicas orientadas a reducir brechas sociales, económicas y territoriales, así como promover acciones en favor de mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad, jóvenes y otros grupos de especial protección constitucional.

La liquidación de la cartera marca el cierre de uno de los proyectos institucionales más representativos del actual Gobierno y abre un nuevo debate sobre la forma en que el Estado continuará ejecutando las políticas de equidad e inclusión que estaban bajo su responsabilidad.

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