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El Gobierno nacional anunció que el próximo 30 de noviembre expedirá un decreto para establecer las líneas de base marítimas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La medida, anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella, busca definir mediante coordenadas oficiales los puntos de referencia desde los cuales se miden los espacios marítimos del territorio insular y formalizarlos en la cartografía náutica colombiana.
El anuncio fue realizado el domingo 18 de octubre, durante una alocución presidencial desde una embarcación de la Armada Nacional en el mar Caribe. Según explicó el mandatario, la decisión busca avanzar en una tarea pendiente desde hace varias décadas, pues la Ley 10 de 1978 ordenó establecer las líneas de base para determinar los espacios marítimos del país. En 1984 se trazaron las correspondientes al territorio continental, mientras que las del archipiélago quedaron pendientes.
De acuerdo con la Presidencia, el decreto será firmado y publicado el 30 de noviembre, fecha en la que se conmemora el aniversario de San Andrés. El Gobierno sostiene que el trazado permitirá precisar las coordenadas del archipiélago y fortalecer las acciones relacionadas con la soberanía, la seguridad y el control marítimo.
El anuncio se produce en medio de las diferencias que Colombia mantiene con Nicaragua por la delimitación de los espacios marítimos en el Caribe. En 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reconoció la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero modificó la delimitación marítima en favor de Nicaragua. Posteriormente, en 2022, el tribunal también resolvió otra controversia entre ambos países relacionada con los derechos marítimos y las actividades pesqueras de Nicaragua en la zona.
Tras el anuncio presidencial, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la iniciativa y cuestionó los argumentos jurídicos que sustentaron la posición colombiana ante la Corte. El funcionario señaló que el Gobierno considera necesario establecer una delimitación que contemple al archipiélago como un conjunto territorial. Sin embargo, el alcance jurídico de la medida y su relación con las decisiones internacionales previas serán aspectos centrales de la discusión.
Además del componente territorial, el Ejecutivo anunció que busca fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en la zona y promover el desarrollo económico de las islas. Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la intención de convertir a San Andrés en un centro marítimo y logístico del Caribe, así como agilizar los procedimientos para registrar embarcaciones y fomentar actividades portuarias, turismo náutico y generación de empleo.
La propuesta también incluye medidas dirigidas a proteger a los pescadores y a reforzar el control frente a actividades ilegales en las aguas del archipiélago. No obstante, los resultados dependerán de la implementación de las acciones anunciadas y de las condiciones jurídicas, técnicas y diplomáticas que acompañen su desarrollo.
Por ahora, el decreto se encuentra anunciado, pero su contenido definitivo y sus efectos deberán evaluarse una vez sea expedido y se conozcan las coordenadas oficiales. La iniciativa abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la soberanía marítima colombiana y las relaciones con Nicaragua, en un asunto que involucra tanto los intereses territoriales del Estado como las actividades económicas y los derechos de las comunidades raizales del archipiélago.
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