El Gobierno Nacional anunció este martes 29 de septiembre que inició el trámite para revocar el Decreto 973 de 2026, mediante el cual la anterior administración reglamentó los mercados de carbono en Colombia. La decisión fue comunicada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, durante su participación en la Climate Week Medellín.
El Decreto 973 fue expedido el pasado 4 de agosto y publicado al final de la administración de Gustavo Petro. La norma estableció un marco institucional para los mercados de carbono, incluyendo principios, criterios y procedimientos relacionados con iniciativas destinadas a reducir o remover emisiones de gases de efecto invernadero.
Entre sus disposiciones, el decreto creó el Sistema Nacional de Mecanismos de Mercado de Carbono e Instrumentos de Precio al Carbono y estableció mecanismos de seguimiento, vigilancia y control. También contempló requisitos de validación y verificación independiente para los proyectos que pretendieran participar en estos mercados, además de disposiciones relacionadas con transparencia, salvaguardas sociales y ambientales y prevención de la doble contabilización de reducciones de emisiones.
Según explicó el ministro Arjona, la decisión de iniciar la revocatoria responde, entre otros aspectos, a asuntos relacionados con el procedimiento de expedición de la norma. De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio, se identificó que no habría contado con la concurrencia del Ministerio de Hacienda en asuntos de su competencia y que estaban pendientes actuaciones y conceptos de entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El anuncio también se produce en medio de las críticas que recibió la regulación desde distintos sectores. Empresas vinculadas al desarrollo de proyectos de bonos de carbono cuestionaron algunos de los requisitos y procedimientos establecidos, mientras que organizaciones ambientales han planteado la necesidad de contar con reglas que protejan los derechos de las comunidades involucradas en este tipo de iniciativas.
Uno de los aspectos contemplados por el Decreto 973 era que las iniciativas de mitigación debían someterse a procesos de validación y verificación por terceros independientes y acreditados antes de que sus resultados pudieran ser ofertados en los mercados nacionales o internacionales. La norma también otorgaba al Ministerio de Ambiente funciones de coordinación, regulación, seguimiento y control sobre el sistema.
El Gobierno actual ha señalado que la eventual revocatoria no significa abandonar los mercados de carbono, sino revisar su regulación y avanzar hacia un nuevo marco normativo. El propósito anunciado es establecer reglas que den mayor seguridad jurídica, fortalezcan la coordinación institucional y permitan la participación de los diferentes sectores, territorios y comunidades involucrados.
Los mercados de carbono permiten la negociación de certificados asociados a resultados de reducción o remoción de gases de efecto invernadero. Estos mecanismos buscan canalizar recursos hacia proyectos relacionados con conservación, restauración y otras acciones de mitigación del cambio climático. En Colombia, su regulación ha adquirido relevancia por el potencial de estos instrumentos para financiar iniciativas ambientales y por las discusiones sobre transparencia, integridad ambiental y participación de las comunidades.
Por ahora, el Decreto 973 continúa siendo la norma expedida en agosto y el anuncio del Gobierno corresponde al inicio de un proceso de revocatoria, por lo que será necesario esperar el desarrollo del trámite y la eventual expedición de una nueva regulación. La discusión se produce precisamente durante la Climate Week Medellín, encuentro que reúne en la ciudad a gobiernos, empresas, academia y organizaciones sociales para abordar asuntos relacionados con acción climática, biodiversidad y mercados de carbono.

hace 23 horas
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