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El Gobierno ordenó que las generadoras hidroeléctricas y térmicas ubicadas en zonas críticas transfieran un 2% adicional de sus ventas brutas durante los próximos seis meses. La medida, destinada a atender la emergencia invernal, aplicará para plantas en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó
Según el Ministerio de Ambiente, esto se hará con el fin de financiar medidas ambientales y de gestión del riesgo para conjurar y prevenir la extensión de los efectos derivados de las inundaciones por el frente frío.
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La decisión se enmarca en el Decreto 150 de 2026, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica en los departamentos mencionados, ante la alteración súbita, simultánea y extraordinaria de la dinámica hídrica en varias cuencas.
Según explicó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez, la declaratoria responde a la necesidad financiera de implementar de manera inmediata acciones de gestión del riesgo y recuperación ambiental frente a la crisis provocada por las lluvias.
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Los recursos recaudados a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) de las jurisdicciones afectadas deberán ejecutarse exclusivamente para la implementación de medidas ambientales y de gestión del riesgo, con el fin de atender o mitigar los efectos de las lluvias que motivaron la declaratoria del estado de emergencia.
El Ministerio de Ambiente publicará, dentro de los 15 días siguientes a la expedición del decreto, los lineamientos técnicos que orientarán la priorización de proyectos. Estos criterios incluirán magnitud del daño, urgencia de intervención, impacto ecosistémico, enfoque integral de cuenca y equidad territorial.
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Las CAR deberán estructurar las iniciativas en articulación con el Ministerio, que brindará acompañamiento técnico para garantizar la trazabilidad y transparencia en el uso de los recursos. Cuando la magnitud del daño lo exija, también deberán coordinar proyectos interjurisdiccionales.
El Gobierno aclaró que las transferencias del sector eléctrico previstas no constituyen un impuesto. Se trata de contribuciones a cargo de quienes utilizan recursos naturales en su actividad económica, como compensación a los territorios que asumen los costos ambientales de esa explotación.
En ese sentido, la disposición mantiene la destinación específica y la naturaleza compensatoria de estas transferencias, sin modificar de manera permanente su régimen ordinario.
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En el caso de la generación hidroeléctrica, la operación depende directamente del comportamiento y estabilidad de los ríos y cuencas que alimentan los embalses. Por ello, la recuperación ambiental de estas áreas es considerada clave tanto para las comunidades y ecosistemas como para la continuidad del servicio público de energía.
La medida transitoria, indicó el Ministerio, busca que los recursos adicionales se orienten específicamente a fortalecer la recuperación ambiental de las cuencas que hacen posible la generación eléctrica.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) expresó su preocupación frente a este aporte extraordinario del 2% ordenado por el Gobierno, y advirtió que la medida podría tener efectos estructurales sobre la operación del sistema eléctrico colombiano, incluyendo una eventual intervención en el manejo de los embalses.
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De acuerdo con el gremio, aunque las empresas del sector ya realizan transferencias obligatorias a las CAR para inversión ambiental en las regiones donde operan, el nuevo 2% tendría un destino distinto y un alcance diferente.
“Esas transferencias se les transfieren a las CAR y son para temas ambientales en cada una de las regiones. Ese 2% adicional se le está entregando directamente al Ministerio del Medio Ambiente”, explicó la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, en declaraciones a Blu Radio.
Según el gremio, este cambio en el flujo de los recursos podría modificar la forma en que se toman decisiones relacionadas con la gestión ambiental y, eventualmente, con la operación de los embalses, un aspecto clave para la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico.
Por ahora, Gutiérrez dijo que están evaluando el alcance jurídico y técnico del decreto, así como el impacto económico que tendría la medida para las compañías de energía.
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