
La compañía nacida en Pereira, Frisby, continúa la defensa de su marca en Europa y su pleito con la homónima, Frisby España, ha presentado un nuevo capítulo donde la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) le ha cancelado tres marcas a la empresa colombiana.
Así se dio a conocer a través de un comunicado tanto de Frisby como de la empresa española. Al parecer, la autoridad habría estimado que hubo una caducidad en las marcas que estaban registradas desde el año 2001 pero nunca fueron explotadas en territorio español.
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Las marcas canceladas serían “Frisby” y “Frisby Pollo Frito” en las categorías de productos cárnicos y alimenticios; panadería, salsas y otros; y servicios de restauración.
Ante esta decisión, la compañía Frisby compartió un comunicado reconociendo que este jueves fue notificada de la decisión de la OEPM. “Como compañía, respetamos esta decisión de primera instancia y haremos uso del recurso de apelación correspondiente”, subrayó.
Para la empresa pereirana, “es importante resaltar que nuestro portafolio de marcas está vigente y registrado en la Unión Europea ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO)”
“El proceso de defensa de nuestra marca FRISBY y sus signos distintivos continúa su curso a través de distintos procesos de tipo administrativo y judicial, tanto en España como en la Unión Europea”, aclaró la cadena colombiana.
Así como Frisby va a apelar la decisión de la OEPM, la compañía colombiana como la empresa española que ha intentado registrar el mismo nombre en España y en la Unión Europea confirmaron que están pendientes de la decisión de la EUIPO, donde también se estaría examinando el uso de la marca en el Viejo Continente en los últimos años.
Por lo tanto, el pleito entre Frisby y Frisby España continúa pese a que a finales de marzo, Charles Dupont, portavoz de la compañía española, afirmó públicamente que ya se había impuesto en la batalla legal y que ya tendría permitido usar la marca en Europa.
En declaraciones ante Caracol Radio, el portavoz de la empresa española aseguró además que solicitaría una indemnización por los meses en los que no han podido operar, las cuales se estiman en alrededor de 500.000 euros.
Sin embargo, esa medida apenas fue una revocatoria de las medidas cautelares que había otorgado un juzgado mercantil que le había ordenado a la empresa europea suspender el uso de la marca hasta resolver el litigio, por lo que tuvo que reducir publicaciones en sus redes sociales y darle de baja a su sitio web.
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