Frente 36 de las disidencias le habría puesto precio a Hidroituango: $5.000 millones por dejarla operar

Un documento que Empresas Públicas de Medellín (EPM) envió a la Cámara de Representantes el pasado 28 de octubre deja al descubierto que el Frente 36 de las disidencias de las Farc habría estado extorsionando a la empresa para permitir la operación de Hidroituango, la hidroeléctrica más importante del país.

Según el documento, la estructura criminal exigió de entrada 5.000 millones de pesos para permitir el funcionamiento del megaproyecto antioqueño. Y esa llamada «cuota de entrada» habría sido apenas el principio: después habrían llegado exigencias por más de 500 millones de pesos mensuales.

Las exigencias económicas habrían venido acompañadas de amenazas contra el Metro de Medellín y la Alcaldía de Medellín, según el mismo informe, conocido en medio de un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara.

Permisos escritos, retenciones y expulsión de cuadrillas

Noticias RCN, que conoció el documento, señala que las amenazas y restricciones contra los funcionarios habrían sido una constante tras los acuerdos de Doha, suscritos el 5 de diciembre de 2025 entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, y el debate sobre las zonas de ubicación temporal. Según la versión de ese medio, EPM advirtió que «durante la mesa, el Clan del Golfo consolidó su control social en el Bajo Cauca: exigía permisos escritos para entrar, hacía retenciones y expulsaba cuadrillas de trabajo».

El informe también registra que la empresa llegó a restringir temporalmente el ingreso de su personal a zonas rurales de Briceño, municipio de la subregión Norte de Antioquia por cuyo territorio se extiende el proyecto sobre el río Cauca: al menos 17 veredas quedaron con acceso restringido.

De acuerdo con el reporte, como parte de las intimidaciones la estructura ilegal instaló dos cilindros con explosivos en la vía de acceso a la central, ataque en el que murió un sargento y un soldado resultó herido. Hidroituango estuvo cerca de una semana sin recibir carga crítica, y EPM denunció además atentados contra tres torres de transmisión de energía en Medellín y Bello, así como dos sobrevuelos de drones sobre la central durante marzo de 2026.

«El que se meta con la infraestructura del país se enfrenta al Estado»

La denuncia fue recogida por el representante a la Cámara por Antioquia Simón Molina Gómez, del movimiento Creemos y primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, destinatario del documento de EPM, quien aseguró en su cuenta de X que «el Clan del Golfo se atrevió a ponerle precio a Hidroituango: 5.000 millones de cuota de entrada y más de 500 mensuales para dejar funcionar la hidroeléctrica más importante del país».

«Bloquearon 17 veredas de Briceño. Eso no es control territorial, es una declaración de guerra contra el Estado y contra Antioquia», afirmó Molina, quien agregó que, mientras a ese grupo armado «se les ofrecían mesas y zonas de ubicación, ellos consolidaban su poder y cobraban peaje sobre la energía de Colombia».

El congresista pidió que el Gobierno recupere el Bajo Cauca «con la fuerza necesaria», que desmantele al Clan del Golfo y que garantice que nadie vuelva a ponerle la mano encima a Hidroituango. «El que se meta con la infraestructura del país se enfrenta al Estado», sentenció.

En el debate, el representante también dijo esperar que, «durante estos próximos años, en los que tenemos un Gobierno con este mismo enfoque, podamos, de manera articulada, unir esfuerzos entre la Gobernación, la Alcaldía y el Gobierno Nacional, para que, cada vez, la lucha contra la criminalidad sea más contundente y más eficiente».

Hidroituango, el activo energético más grande de Colombia

Hidroituango, propiedad de EPM, es la central hidroeléctrica más grande del país, con una capacidad instalada de 2.400 megavatios, y aporta cerca del 17 % de la energía que consume Colombia. La infraestructura queda sobre el río Cauca, entre los municipios de Ituango y Briceño, en la subregión Norte de Antioquia, fronteriza con el Bajo Cauca, una de las zonas más golpeadas por el accionar de los grupos armados ilegales.

El informe de EPM advierte, precisamente, que diez meses después de la firma de los acuerdos de Doha el Gobierno los terminó y retomó la ofensiva contra el Clan del Golfo, situación que ha venido acompañada de nuevas disputas territoriales y de riesgos para la infraestructura de la empresa, especialmente en el Bajo Cauca antioqueño.

Apenas hace dos semanas, el Ministerio de Ambiente autorizó, a través de la ANLA, que el embalse de Hidroituango alcance su cota máxima, una decisión que levantó la restricción ambiental que pesaba sobre el proyecto desde 2019 y que hace parte de las medidas de preparación y respuesta ante el fenómeno de El Niño.

Desde el Congreso esperan dejar atrás los días en los que el personal de Hidroituango era blanco de amenazas y ataques, y que la denuncia conocida en la Comisión Segunda se traduzca en una acción decidida del Estado para recuperar el control del territorio.

Lea también: ¡Vía libre! Embalse de Hidroituango podrá llegar a su cota máxima: se levanta restricción de 2019

Lea también: Cayeron dos presuntos integrantes del Clan del Golfo con oro y más de $36 millones en Cáceres

También te puede interesar: Combates en Nechí dejan un presunto integrante del Clan del Golfo muerto y otro capturado

También te puede interesar: ¡No los dejan trabajar tranquilos! Denuncian extorsiones del Clan del Golfo en el norte de Antioquia