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Forjando Futuros radicó documentos oficiales del proceso judicial en Estados Unidos ante la Fiscalía, la JEP y el Juzgado Sexto Penal Especializado de Antioquia. Busca evitar la prescripción del proceso penal contra empresarios vinculados a la multinacional.
La Fundación Forjando Futuros dio un nuevo paso en la lucha por la justicia para las víctimas del conflicto armado en Colombia. En un hecho relevante para el avance de los procesos judiciales que involucran a la multinacional Chiquita Brands, la organización radicó cinco documentos oficiales provenientes del proceso legal que se llevó a cabo contra la empresa en Estados Unidos. Los documentos fueron entregados ante instancias clave como la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Juzgado Sexto Penal Especializado de Antioquia, la Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la República.
Con esta acción, la Fundación busca aportar elementos probatorios que permitan esclarecer la responsabilidad de empresarios vinculados a Chiquita Brands en su presunta financiación de grupos paramilitares, particularmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y lograr que no prescriban los procesos judiciales que avanzan en Colombia, algunos de los cuales tienen fechas críticas próximas, como el 17 de septiembre de este año.
Entre los documentos entregados, por la Fundación Forjando Futuros se encuentra el acuerdo de culpabilidad firmado por Chiquita Brands en 2007, mediante el cual la empresa aceptó haber realizado más de 100 pagos ilegales por un total de 1,7 millones de dólares a las AUC. Como consecuencia, fue condenada por un tribunal estadounidense al pago de una multa de 25 millones de dólares. Asimismo, se adjuntó la sentencia de 2024 proferida en Estados Unidos, en la que se condena a la compañía a pagar 38 millones de dólares a las familias de ocho víctimas de este grupo armado ilegal. Aunque esta última decisión aún se encuentra en proceso de apelación, constituye un antecedente contundente sobre la responsabilidad empresarial en violaciones de derechos humanos en contextos de conflicto.
Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que asuma un rol activo en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas.
“Queremos y pedimos que el Gobierno Nacional, en representación de la sociedad colombiana, lidere una reclamación ante Chiquita Brands y ante el Gobierno norteamericano para que Chiquita Brands pague una reparación a las víctimas de manera directa. Eso es posible. Ya lo hicieron unos abogados norteamericanos con Chiquita Brands y se pusieron de acuerdo en pagar una indemnización a víctimas en Colombia. Pues bueno, ahora falta que alguien lidere esta acción y que sea el Gobierno Nacional”, expresó.
En lo concerniente al proceso que cursa en el Juzgado Sexto Penal Especializado de Antioquia, los documentos buscan demostrar que 10 empresarios vinculados a la multinacional serían responsables de financiar el accionar paramilitar. De no haber avance judicial, este caso estaría en riesgo de prescripción en menos de tres meses. En paralelo, ante la Fiscalía, se pretende incorporar los documentos al proceso que involucra a 14 empresarios bananeros señalados de apoyar económicamente a las AUC a través de la Convivir Papagayo, organización que operó en el Urabá antioqueño. Además, en la JEP, los documentos podrían alimentar el Macrocaso 04, que aborda la situación territorial de Urabá y el rol de actores económicos en el conflicto armado.
La radicación de estos documentos, por parte de la Fundación Forjando Futuros representa un esfuerzo por impedir la impunidad y promover un precedente en la rendición de cuentas de empresas transnacionales involucradas en graves violaciones a los derechos humanos.
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