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La Fiscalía General de la Nación informó este 1 de octubre sobre la afectación, con fines de extinción de dominio, de 25 bienes que estarían relacionados con seis personas señaladas dentro de las investigaciones por el presunto entramado de corrupción alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con el ente investigador, las medidas cautelares recaen sobre 19 inmuebles y seis sociedades ubicados o registrados en Bogotá y nueve departamentos del país. El valor preliminar de los activos supera los 20.000 millones de pesos.
La investigación es adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, que busca establecer el origen y la relación de determinados bienes con las personas investigadas por el presunto direccionamiento de contratos y la desviación de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias.
Según la Fiscalía, entre los bienes afectados se encuentran propiedades que estarían relacionadas con el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez; el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas; los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez; el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
Los activos están ubicados o registrados en Bogotá, Medellín (Antioquia), Montería (Córdoba), Pasto y Chachagüí (Nariño), Sopó y Tabio (Cundinamarca), Cúcuta (Norte de Santander), Villavicencio (Meta) y Sabana de Torres (Santander).
La Fiscalía detalló que cuatro de los bienes, ubicados en Bogotá, Juan de Acosta (Atlántico), Villavicencio (Meta) y Sopó (Cundinamarca), estarían vinculados al exsenador Iván Name Vásquez. En uno de estos casos, la medida cautelar afecta exclusivamente el 33 % de la propiedad que, según la investigación, le correspondería.
En el caso del exrepresentante Andrés Calle Aguas, cuatro inmuebles localizados en Montería fueron objeto de las medidas. También fue afectado un inmueble en Medellín que estaría relacionado con Olmedo López, mientras que otro predio ubicado en Sabana de Torres estaría a nombre de Sneyder Pinilla.
Por su parte, un inmueble ubicado en Tabio estaría relacionado con el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo. La Fiscalía también reportó siete bienes localizados en Pasto y Chachagüí, en Nariño, y Cúcuta, en Norte de Santander, que tendrían relación con el contratista Luis Eduardo López Rosero.
De acuerdo con el ente acusador, entre los activos vinculados a López Rosero se encuentran sociedades que presuntamente habrían sido utilizadas para realizar operaciones relacionadas con la contratación de la UNGRD y para movilizar recursos que, según la investigación, habrían sido obtenidos mediante dichas maniobras.
Las diligencias para materializar las medidas cautelares son adelantadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional. Las actuaciones comprenden la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios.
La Fiscalía señaló que estas actuaciones hacen parte del componente patrimonial de la investigación por el caso UNGRD y buscan determinar si los bienes estuvieron relacionados con actividades ilícitas y si cumplen las condiciones previstas en la ley para avanzar en un eventual proceso de extinción de dominio.
Las medidas cautelares no constituyen por sí mismas una declaración definitiva de que los bienes tengan origen ilícito. El proceso deberá avanzar ante las autoridades competentes, donde se determinará la situación jurídica de los activos conforme a las pruebas y procedimientos establecidos en la legislación colombiana.
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