Fiscalía imputará cargos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en campaña y tráfico de influencias

La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes la radicación formal de solicitudes de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de la empresa estatal Ecopetrol S.A., en relación con dos investigaciones penales que han marcado la agenda política y judicial del país en las últimas semanas.

Roa, quien ocupa la máxima dirección de la petrolera desde abril de 2023 y fue gerente de la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro en 2022, deberá responder ante un juez por presunta violación de topes de financiación electoral y tráfico de influencias.

Los cargos tienen su origen en las investigaciones derivadas de la campaña “Petro Presidente 2022”, en la que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), se habrían excedido los límites legales de gastos permitidos por la legislación colombiana. En esa campaña, que llevó a Petro a la Casa de Nariño, se detectaron aportes no registrados y gastos por fuera de los topes establecidos, lo que motivó una sanción administrativa y la compulsión de copias a la Fiscalía para su investigación penal.

Además de este proceso, la imputación contempla un segundo expediente en el que la Fiscalía indaga posible tráfico de influencias vinculado con la compra de un lujoso apartamento en Bogotá antes de que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol y un contrato posterior beneficiara a quienes participaron en esa transacción. Las autoridades buscan establecer si esa operación —y posteriores decisiones de contratación dentro de la estatal— constituyen un conflicto de intereses o una influencia indebida sobre las decisiones institucionales.

Hasta el cierre de esta nota no se había conocido si los cargos ya fueron notificados oficialmente ni si se decretará alguna medida de aseguramiento contra Roa, quien conserva el respaldo del Gobierno Nacional y de la Junta Directiva de Ecopetrol, organismo que mantiene mayoría de votos por la presencia estatal.

La imputación se da en un contexto de escrutinio público y judicial creciente, en el que la principal empresa petrolera del país ha estado en el centro de diversas investigaciones sobre gobierno corporativo, prácticas internas y posibles vínculos entre decisiones laborales y contratos externos, lo que ha generado debate sobre la transparencia y la ética en la gestión de entidades vinculadas al Estado.