La Fiscalía General de la Nación citó para el próximo 24 de julio al expresidente Álvaro Uribe Vélez para rendir indagatoria dentro de la investigación que adelanta por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en el municipio de Ituango, Antioquia, durante la década de 1990, cuando se desempeñaba como gobernador del departamento. La diligencia también está relacionada con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación de estructuras paramilitares en la hacienda Las Guacharacas, propiedad de la familia Uribe en aquella época.
De acuerdo con la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la investigación busca establecer posibles responsabilidades en hechos de violencia registrados en el norte de Antioquia, así como en la presunta creación y apoyo a grupos armados ilegales que operaron en la región. Los delitos por los cuales fue llamado a indagatoria son homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
Las masacres de La Granja y El Aro ocurrieron en 1996 y 1997, respectivamente, y han sido objeto de múltiples investigaciones judiciales y pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en estos hechos y por la falta de protección a las comunidades afectadas.
Tras conocerse la decisión, el exmandatario confirmó la citación a través de sus redes sociales y manifestó su inconformidad con el proceso. Uribe aseguró que enfrentará la diligencia judicial y señaló que la notificación se produjo a pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia.
Por su parte, sectores afines al expresidente han cuestionado la oportunidad de la decisión judicial, mientras que organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos consideran que el avance de la investigación representa un paso importante para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ituango hace cerca de tres décadas.
La indagatoria programada para el 24 de julio hace parte de una etapa procesal en la que la Fiscalía notificará formalmente al expresidente sobre su vinculación a la investigación y escuchará su versión frente a los hechos que son materia de indagación.

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