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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, para establecer si participaron en un presunto esquema de tráfico de influencias y cobro de comisiones a empresarios a cambio de gestionar contratos con entidades del Gobierno Nacional. La decisión se produjo tras las recientes revelaciones periodísticas sobre el caso y la recopilación de elementos materiales que ahora serán objeto de verificación por parte del ente acusador.
De acuerdo con la información conocida, la indagación está en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción y busca determinar si las hermanas habrían utilizado contactos dentro del Ejecutivo para facilitar la adjudicación de contratos públicos a cambio de beneficios económicos. Entre las evidencias que serán analizadas figuran audios, conversaciones, documentos y registros de presuntas transacciones revelados en los últimos días.
La investigación también contempla verificar posibles irregularidades relacionadas con el título universitario presentado por Juliana Guerrero para ejercer cargos públicos, asunto que ya era objeto de otro proceso judicial. No obstante, la nueva actuación se centra en las denuncias sobre una supuesta red de intermediación en la contratación estatal.
Por su parte, Juliana Guerrero ha rechazado las acusaciones y ha sostenido públicamente que no participó en actividades irregulares, mientras que la Fiscalía aclaró que la apertura de la investigación corresponde a una etapa preliminar orientada a recaudar pruebas y establecer si existen méritos para avanzar hacia una eventual imputación de cargos. Hasta el momento, no se han anunciado decisiones judiciales en contra de las investigadas.
El caso ha generado repercusiones en el ámbito político debido a los señalamientos sobre un posible direccionamiento de contratos en entidades del Estado y continúa en desarrollo mientras avanzan las diligencias de la Fiscalía.
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