Exministra Isabel Urrutia fue acusada por la Fiscalía por presuntas anomalías en contrato de $4.950 millones

hace 6 días 28

El proceso judicial señala que se habrían presentado inconsistencias en la firma y aprobación del contrato público

La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra María Isabel Urrutia Ocoró, exministra del Deporte, por posibles anomalías detectadas en un proceso de contratación efectuado durante su gestión.

Los hechos investigados se remontan al 30 de diciembre de 2022, fecha en la que el Ministerio del Deporte suscribió un convenio interadministrativo con la entidad Aldesarrollo por una suma superior a los $4.950 millones. El objetivo del proyecto consistía en implementar un sistema tecnológico para vincular la cédula de ciudadanía de los asistentes con las entradas a los escenarios deportivos, con el fin de consultar antecedentes y controlar el ingreso de personas con restricciones.

Fiscalía acusó a exministra María Isabel Urrutia por presuntas irregularidades en contrato de $4.950 millonesFoto tomada del archivo para ilustrar

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Según la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la exfuncionaria acudió a la contratación directa mediante la figura de convenio interadministrativo, omitting la licitación pública que garantizara la libre concurrencia de ofertantes. Asimismo, los análisis del ente de control señalan que en la fase previa no se ejecutaron estudios de mercado ni análisis de costos de las actividades estipuladas.

Exministra María Isabel Urrutia fue acusada por la Fiscalía por presuntas anomalías en contrato de $4.950 millonesFoto tomada del archivo para ilustrar

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La investigación también indica que dentro del trámite se habría condicionado la subcontratación de un tercero con quien previamente se habrían pactado las labores. Adicionalmente, el ente fiscalizador sostiene que Urrutia habría firmado el acuerdo pese a los llamados de atención emitidos por las áreas técnica y jurídica del ministerio respecto a inconsistencias en el procedimiento, e indicó la existencia de datos falsos en los documentos presentados para justificar la contratación.

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