Estados Unidos declara terrorista al Clan del Golfo y sacude el escenario político y de seguridad en Colombia

Estados Unidos designó este martes al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), una de las sanciones más severas contempladas en su legislación. La decisión revelada fue confirmada por el Departamento de Estado mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con una alta fuente del Departamento de Estado citada por el diario, Washington concluyó que el Clan del Golfo “no es solo un cartel de drogas”, sino una estructura terrorista que ha causado “un sufrimiento incalculable al pueblo colombiano” y representa una amenaza directa para la estabilidad regional y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. En ese contexto, el gobierno estadounidense aseguró que empleará “todas las herramientas a su disposición —sanciones, aplicación de la ley, inteligencia y cooperación internacional— para desmantelar sus operaciones, cortar su financiamiento y exigir que sus miembros rindan cuentas”.

La justificación central de la medida radica en el uso sistemático del narcotráfico, particularmente de cocaína, para financiar actividades violentas, incluidos ataques contra funcionarios del Estado, miembros de la fuerza pública y población civil en Colombia. El Departamento de Estado señaló que el grupo cuenta con miles de integrantes y obtiene la mayor parte de sus ingresos del tráfico de drogas.

Con esta designación, el Clan del Golfo se convierte en el cuarto grupo armado colombiano catalogado como organización terrorista por Estados Unidos. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue incluido en 1997, y en noviembre de 2021 se sumaron las disidencias de las Farc conocidas como Farc-EP y la Segunda Marquetalia.

La decisión de Washington representa un duro golpe político para el gobierno del presidente Gustavo Petro y su política de ‘paz total’, orientada a abrir canales de negociación con los principales actores armados del país. El Ejecutivo colombiano mantenía conversaciones con el Clan del Golfo con miras a un eventual proceso de sometimiento o desmovilización.

En diálogos adelantados recientemente en Catar, las partes habían acordado que, a partir del 1.º de marzo, los combatientes del grupo comenzarían a concentrarse de manera gradual en tres zonas delimitadas de los departamentos de Chocó y Córdoba. Como parte del entendimiento, el Gobierno aceptó suspender órdenes de captura, incluidas solicitudes de extradición a Estados Unidos, y ampliar programas piloto de paz en municipios con presencia del grupo.

Sin embargo, la designación como organización terrorista complica severamente ese proceso, al limitar los márgenes legales y políticos para cualquier acuerdo, mediación o verificación internacional, y al endurecer el tratamiento judicial en Estados Unidos tanto para los miembros del grupo como para quienes mantengan contacto con él.

El Departamento del Tesoro estadounidense subrayó que la decisión responde al alcance global y a la peligrosidad de la organización, también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Clan Úsuga o Los Urabeños. Según la Policía Nacional de Colombia, el grupo opera en al menos 28 países de cuatro continentes, con presencia en América, Europa, Medio Oriente, Asia y Oceanía, donde ha consolidado rutas y destinos para el tráfico de drogas.

El Clan del Golfo surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006 y fue consolidado en 2007 por Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, exintegrante del Bloque Centauros. Rendón Herrera fue capturado en 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2018. En noviembre de 2021, admitió su culpabilidad por cargos de narcotráfico y apoyo a un grupo terrorista, en el marco de un imperio de cocaína valorado en cerca de mil millones de dólares.

Para las autoridades colombianas, el Clan del Golfo es una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del país, debido a su capacidad de expansión, su estructura violenta y su influencia en el tráfico internacional de estupefacientes. La nueva designación estadounidense busca intensificar la cooperación internacional y debilitar de forma decisiva su estructura financiera y operativa.