Escuchar al país, corregir el rumbo y liberar al transporte de una carga injusta

Cuando el país se gobierna desde los escritorios sin conocer los territorios, es fácil caer en medidas bien intencionadas pero profundamente desconectadas de la realidad.

Así ocurrió con el Acuerdo 10 de 2023 del SENA: una norma que amplió de manera injustificada la cuota de aprendices para empresas de transporte, incluyendo oficios como conductor o mensajero, que ni siquiera están alineados con la formación que ofrece el SENA ni con las condiciones de seguridad del sector.

Esa norma, lejos de fortalecer el aprendizaje y la empleabilidad, se convirtió en una carga millonaria que afectaba directamente la sostenibilidad de miles de empresas del transporte público y de carga en Colombia.

Solo en Antioquia, representaba más de 60 mil millones de pesos anuales en sanciones y monetizaciones. Era una crisis silenciosa, pero letal. Y había que actuar.

Por eso, desde agosto de 2024, atendimos el llamado urgente de la Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia (CTU) y de cientos de empresarios que golpearon las puertas del Congreso buscando una solución. Respondimos como debe hacerlo un servidor público: con diálogo, con trabajo técnico y con liderazgo institucional.

Instalamos una Comisión Accidental del Senado que reunió a todos los actores: gremios, empresas, el SENA, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo.

A través de múltiples mesas de concertación, logramos un consenso que dio origen al Acuerdo 002 de 2025, el cual derogó de manera definitiva el Acuerdo 10 y restableció el criterio más justo y técnico para calcular la cuota de aprendices: el personal administrativo.

Como lo expresó Jimmy Alexis Gómez, presidente de la CTU, esta decisión evitó lo que habría sido una catástrofe para la industria transportadora. Porque el problema no era solo económico. También era legal, operativo y humano.

Pretender que un aprendiz conduzca un bus de servicio público o transporte pasajeros, cuando ni siquiera existe un programa del SENA que lo prepare para ello, no solo es irresponsable, es inconstitucional. Pone en riesgo al aprendiz, a los usuarios y a todo el sistema vial del país.

Con el nuevo acuerdo no solo protegimos el empleo formal y la legalidad del sector. También garantizamos el respeto a los derechos de los aprendices que ya estaban vinculados, ajustamos los criterios regulatorios, abrimos canales de interlocución permanente con el SENA y diseñamos un cronograma nacional de visitas territoriales para acompañar y asesorar a las empresas.

Esta no fue una decisión política, fue una solución técnica. No fue una victoria personal, fue una construcción colectiva. Este logro es del sector transporte, de los líderes gremiales, de los ministerios que escucharon y del SENA que rectificó a tiempo. Pero, sobre todo, es una muestra de que cuando el Congreso trabaja de cara al país, es posible corregir el rumbo y recuperar la confianza.

Hoy reitero mi compromiso con los sectores productivos de Colombia. No para defender intereses particulares, sino para garantizar que las normas respondan a la realidad, no a la improvisación. Porque hacer leyes también es escuchar, entender y actuar. Y eso hicimos.

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