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Luego de dos semanas de espera, este lunes se reanudó la audiencia de imputación de cargos en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otras diez personas implicadas en el escándalo de Aguas Vivas.
Siga aquí el minuto a minuto:
2:37: El juez reanudó la audiencia.
La diligencia de este lunes se realiza luego de que el pasado 8 de abril se iniciara por fin la diligencia en la que la Fiscalía espera imputar a los implicados en el caso Aguas Vivas.
Fuera del exmandatario local, en la solicitud de imputación aparecen relacionados Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario General; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución; y Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores.
En la audiencia del pasado lunes, cabe recordar que la exsecretaria de Gestión Humana, Ingrid Vanessa Gonzalez Montoya, y la exsubsecretaria legal de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez, quienes inicialmente habían sido relacionadas por la Fiscalia en el caso, no fueron cobijadas inicialmente en la imputación, ya que comparecieron en la audiencia señalando que su abogado tenía otros compromisos.
Pese a iniciar el 8 de abril, la diligencia había sido aplazada luego de que el juez al frente del caso ordenara suspenderla para revisar varios reparos que los abogados defensores le hicieron a la Fiscalía.
La mayor parte de los mismos se centraron en que, en su exposición, la Fiscalía no habría dado los hechos jurídicamente relevantes para la imputación, asegurando que no había quedado lo suficientemente claro y concreto el papel de los acusados en el proceso. Bajo esta óptica, los defensores plantearon que la imputación estaría viciada y no debería ser admitida.
Por su parte, el abogado del exalcalde Quintero, el exmagistrado Luis Antonio Hernández, le pidió al juzgado sacar a la Alcaldía del proceso en su condición de víctima, considerando que esta no podía participar del mismo por tener supuestamente funcionarios involucrados en el mismo caso.
El escándalo de Aguas Vivas estalló en diciembre de 2021, mes en el que EL COLOMBIANO empezó a denunciar el presunto negociado ilegal que se estaba fraguando con un megalote a nombre del Municipio de Medellín.
Aguas Vivas es una propiedad ubicada entre El Poblado y Las Palmas, de un área de 147.000 metros cuadrados y que puede observarse desde el segundo mirador de la avenida Las Palmas.
El caso en mención se remonta al 29 de diciembre de 2014, cuando dos empresas, identificadas como IDC Inversiones y Técnicas Constructivas compraron el terreno.
Apenas tres meses después de concretar esa primera transacción, ambas empresas le traspasaron por un valor de $361 millones al exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, un 11% de dicho terreno, y un 4% restante a dos hermanos de él, Alberto, Darío y Mario.
A mediados de 2015, se selló una tercera transacción en la que los Pérez Gutiérrez aumentaron a un 39% su participación conjunta para el terreno.
Al año siguiente, en marzo de 2016, la familia del exgobernador hizo otra movida con el terreno, volviendo a entregar a las dos empresas iniciales sus participación sobre el predio y recibiendo a cambio otra finca aledaña, de nombre Las Brisas, y en donde ya tenían participación previamente.
Todas movidas fueron constatadas por EL COLOMBIANO tras revisar documentos que reposaban en los archivos de la Notaría 25.
En 2017 los privados empezaron a pedir pista para traspasarle al municipio de Medellín el primer lote en cuestión, el de Aguas Vivas.
A pocos días del cambio de gobierno, se suscribió una escritura pública en la que la cesión fue aceptada, tal como quedó consignado en una escritura emitida por la Notaría 19 de Medellín, fechada el 27 de diciembre de 2019.
Tras dicho acto, en el que el predio se avaluó en $2.711 millones, quedó pendiente no obstante hacer el registro del título ante la oficina de registro de instrumentos públicos.
Dicho traspaso se hizo además como una compensación urbanística, una figura que obliga a los constructores a entregar espacio público a la ciudad cuando adelantan un proyecto. Por esta razón, en dicho traspaso no se le exigió a la Alcaldía un pago.
Cabe recordar que el terreno de Aguas Vivas aparecía en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como una zona destinada para un ecoparque, razón que le restringía a sus dueños su uso para cualquier proyecto habitacional.
Bajo esa lógica, dicha cesión se explicaría para esas empresas posteriormente pudieran cerrar algún acuerdo económico con algún tercero dispuesto a pagar por aquel terreno y así cumplir con alguna compensación urbanística pendiente.
En su investigación, la Fiscalía busca determinar quiénes fueron los responsables y cómo se habría producido una serie de movidas administrativas con las que el lote Aguas Vivas, ubicado en Las Palmas, fue avaluado por la Alcaldía en $48.234 millones en 2021, presuntamente para beneficiar a privados.
De igual manera, se investiga el papel del exalcalde Quintero en dicho caso, sobre todo por cuenta de la firma de un decreto que le cambió el uso al suelo en cuestión, luego de que la justicia no le permitiera a la Alcaldía realizar una conciliación en la que pagaría $40.509 millones a los privados.
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