Una acusación formal por un delito de corrupción cayó como leña al fuego en la relación entre el Poder Judicial de Costa Rica y el presidente Rodrigo Chaves, quien se prepara para entrar al último año de su administración asediado por el riesgo de perder la inmunidad constitucional para ir a juicio, una decisión que depende de la Asamblea Legislativa, dominada por fuerzas opositoras.