El PP de Isabel Díaz Ayuso ha empleado este jueves su mayoría absoluta para impedir que la Asamblea de Madrid investigue el presunto fraccionamiento ilegal de contratos supuestamente decidido por el Gobierno regional en 2021, 2022 y 2023 para reformar centros educativos de Formación Profesional. El llamado caso FP ya está siendo objeto de una investigación judicial por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, consistente en la supuesta concesión a dedo (a través de contratos menores, principalmente al grupo Virelec) de obras que deberían haber salido a concurso público (permitiendo la competencia entre empresas). Que la polémica esté ya judicializada ha sido, precisamente, el argumento empleado por el PP para oponerse a esclarecer las posibles responsabilidades políticas del presunto entramado en la Asamblea, como querían PSOE, Más Madrid y Vox.