La respuesta de la Administración de Donald Trump a las exigencias de datos precisos sobre el caso de los más de 200 venezolanos deportados el sábado pasado a El Salvador bajo una ley del siglo XVIII es “lastimosamente insuficiente”, según ha denunciado el juez encargado del caso, James Boasberg. En un escrito este jueves, el magistrado, claramente molesto, ha acusado a las autoridades de evadir sus responsabilidades con respecto a la orden que él había emitido y ha emitido un nuevo ultimátum, para el martes, para que el Gobierno le dé las explicaciones que reclama.