El auge de los metales preciosos entra en el radar de la extorsión del crimen organizado en México

El secuestro masivo de 10 mineros en Sinaloa en enero ha visibilizado otra arista más de la crisis de seguridad que durante años ha golpeado al sector de la minería en México, espoleada por la explosión de los precios de la plata y el oro. Las organizaciones criminales, que ejercen el control territorial en algunas de las zonas más abundantes en recursos minerales y metálicos, extorsionan a empresas nacionales y extranjeras, elevando los costes de producción y sus presupuestos en seguridad. Las compañías se ven forzadas a pagar el derecho de piso o directamente a contratar a proveedores relacionados con sus extorsionadores. En un México donde este delito va al alza y afecta a la economía nacional, el crimen contra un grupo de trabajadores indigna a la vez que pone en duda cuándo la estrategia de lucha de la Administración mexicana conseguirá atajar efectivamente este problema. Mientras, en Estados Unidos, donde estos grupos son considerados organizaciones terroristas, el riesgo para las empresas que pagan para poder trabajar llega por la vía legal.

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