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La Policía, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Medellín ejecutaron la operación Ares contra la estructura delincuencial conocida como Los Mondongueros, que delinquía en la comuna 5, Castilla. El procedimiento dejó como resultado la captura de 13 personas por concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado.
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La Fiscalía evidenció que el grupo delincuencial estaría delinquiendo desde la década de los 90, dedicado al tráfico de estupefacientes, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y extorsiones a comerciantes y transportadores.
Esta estructura ejercía control criminal en el barrio Girardot, especialmente en el sector La 68, donde se dedicaba al cobro sistemático de extorsiones a comerciantes y al transporte público, además del tráfico de estupefacientes.
Entre los hechos investigados figuran las exigencias económicas a varios conductores de la ruta de buses que presta servicio en la zona desde el año 2015, y quienes han sido obligados a entregar la suma $60 000 semanales para permitirles realizar el trayecto y no atentar contra sus vidas.
Las labores de policía judicial permitieron determinar que los comerciantes del sector también han sido afectados con los cobros ilegales, por la denominada seguridad; con cuotas semanales que van entre los $5 000 y $200 000, según la capacidad económica de los afectados. Otras víctimas han tenido que abandonar sus inmuebles ante la imposibilidad de pagar las exigencias económicas ilegales.
La operación incluyó 12 diligencias de allanamiento y permitió capturar al cabecilla alias Micki, junto con tres de sus principales coordinadores: alias Nilton, Gordo y Julián. El grupo delincuencial obtenía hasta $300 millones mensuales extorsionando a personas trabajadoras.
Los capturados formaban parte de una organización jerarquizada, con roles definidos para intimidar, recaudar pagos ilícitos y sostener el dominio territorial. También se incautaron un arma de fuego y nueve dispositivos móviles utilizados para las exigencias extorsivas.
Las 13 personas capturadas fueron judicializadas, pero no aceptaron los cargos imputados por un fiscal. Un juez determinó que fueran enviadas a prisión.
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