Denuncian posible interferencia del Gobierno en investigación por ataque a Miguel Uribe

Abogado de Miguel Uribe alerta sobre presión del Ejecutivo en el caso del atentado

Durante una sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado Víctor Mosquera, apoderado del senador Miguel Uribe Turbay, presentó una serie de advertencias sobre posibles interferencias del Gobierno Nacional en el curso de la investigación del atentado que sufrió su representado.

“Este atentado no solo buscó atentar contra la vida de Miguel Uribe, sino generar pánico en la población civil y amedrentar a la oposición en un año preelectoral. Calificarlo como terrorismo es fundamental para dimensionar la gravedad del hecho y aplicar las sanciones más severas contempladas en la ley”, precisó el abogado.

El jurista entregó documentos y argumentos en respaldo a la solicitud de medidas cautelares urgentes a favor del legislador y su familia, así como una petición complementaria en defensa de los integrantes del partido Centro Democrático, a propósito del proceso electoral previsto para 2026.

Mosquera pidió que el ataque sea tratado judicialmente bajo la figura de terrorismo, alegando que su propósito fue afectar no solo a Uribe sino también al entorno democrático del país. Según explicó, esta calificación legal permitiría imponer sanciones proporcionales al alcance del hecho.

Durante la audiencia, también se expusieron tres informes que documentan mensajes estigmatizantes por parte de figuras del Gobierno hacia Uribe y otros opositores. De acuerdo con Mosquera, estas expresiones pueden influir en la objetividad de las investigaciones.

El abogado cuestionó que funcionarios estatales hayan compartido información sin respaldo de la Fiscalía, atribuyendo responsabilidades a grupos armados sin haber agotado las etapas del proceso judicial. Señaló, además, intentos por desviar la atención hacia actores no relacionados con los hechos.

“El Gobierno Nacional, a través del presidente, ministros y agentes del Estado, ha divulgado información no corroborada por la Fiscalía, señalando a grupos armados ilegales sin pruebas concluyentes. Esta conducta no solo entorpece el proceso investigativo, sino que constituye una forma de estigmatización contra la oposición”, indicó el abogado.

Otro punto central de la intervención fue la seguridad del senador. Mosquera informó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) desatendió más de 50 solicitudes de refuerzo, pese a su condición de líder político en riesgo.

“El error fue de la UNP, que desatendió las solicitudes de protección elevadas por Miguel Uribe. Se acreditó ante la CIDH cómo se le negó un esquema adecuado, dejándolo expuesto en un contexto de amenazas crecientes”, dijo el abogado.

La CIDH, que ya ha solicitado datos oficiales al Estado colombiano desde el momento del atentado, podría pronunciarse sobre las medidas solicitadas en un término cercano a las dos semanas. Según Mosquera, también se ha notificado al Departamento de Estado de EE.UU. sobre lo ocurrido, en espera de posibles reacciones internacionales.

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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) July 30, 2025

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