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Algunos de los jefes de las bandas de la cárcel de Itagüí, cuando hablan de Isabel Zuleta, se refieren a ella como “la reina Isabel”.
No es un cumplido. Más bien es sarcasmo, porque la senadora, cuando fue designada miembro de la mesa de diálogo del Gobierno con los cabecillas presos en la cárcel de Itagüí, asumió como si fuera dueña y señora del proceso.
“Le dicen así porque los tiene como secuestrados: nadie puede contactarlos sin su permiso. Y con la promesa de que les van a dar beneficios los maneja a su antojo”, le dijo a EL COLOMBIANO una fuente que ha estado cerca del proceso.
Por eso, para bien y para mal, es ella —más que el alto comisionado Otty Patiño y más que el propio presidente Gustavo Petro— quien carga sobre sus hombros cada logro y cada escándalo de esta negociación. Incluyendo la parranda vallenata que armaron varios de los cabecillas de las bandas en la cárcel el miércoles pasado, y que se convirtió en el gran escándalo del país esta semana.
La senadora Isabel Zuleta está en una posición incómoda. El proceso se le ha vuelto una papa caliente. Desde junio de 2023 tiene a los 23 cabecillas de las estructuras criminales del Valle de Aburrá “sentados” en la mesa de conversaciones, bajo el rótulo de “espacio sociojurídico”, pero no tiene apoyo legal para avanzar.
El problema es gordo. La promesa era avanzar hacia el sometimiento a la justicia, desmantelar estructuras criminales, reducir la violencia urbana. Pero desde el inicio hay una grieta estructural: la ley 2272 de 2022 —columna vertebral de la “paz total”— no está diseñada para bandas criminales.
La propia Corte Constitucional lo dejó claro al declarar inexequible el artículo que permitía al Gobierno definir las condiciones de sometimiento.
Sin una ley específica aprobada en el Congreso —que nunca llegó, pese a que los ministros de Justicia Néstor Osuna y Eduardo Montealegre lo intentaron sin éxito—, el proceso quedó flotando en un limbo jurídico: una negociación sin reglas completas, promesas sin respaldo legal y diálogo sin efectos.
Para agravar el enredo, la mayoría de los convocados ya estaban condenados y cumpliendo penas, lo que hacía técnicamente inaplicable cualquier esquema de sometimiento a la justicia.
Isabel Zuleta, entonces, ha ido maniobrando como bien lo ha entendido para mantener en el proceso a los “herederos” de la antigua Oficina de Envigado, que representan el 90% de las 400 bandas que delinquen en el área metropolitana.
Y ahí, en ese limbo, es donde comienzan a darse los escándalos que han dejado abierto un enorme interrogante sobre cómo y para qué están utilizando la senadora Zuleta y el gobierno de Petro esta mesa de diálogo.
El primer episodio grave de la mesa fue la aparente filtración de información confidencial del Estado a uno de los capos, “Douglas”, sobre operativos de la Policía en contra de allegados a él.
Según el alcalde de Medellín, Federico Gutierrez, antes del operativo, la senadora Isabel Zuleta presionó a las autoridades del caso para frenar las capturas, con el argumento de que un golpe a “La Terraza” pondría furioso a “Douglas” y dañaría la mesa de paz.
Zuleta lo negó, desafió a Gutiérrez a denunciarla y, en efecto, el concejal Andrés Tobon lo hizo ante la Corte Suprema por abuso de función pública.
Lo cierto es que cuando se llevó a cabo el operativo, el 9 de junio de 2025, se supone que iban a sorprender a la exesposa y al hijo de “Douglas”, pero cuando se dio el allanamiento no había rastro del hijo y la exesposa los estaba esperando con su abogado.
Los perseguían por presunto lavado de activos y les incautaron $363 millones, 7.290 dólares, dos Toyotas, 18 relojes Cartier y Rolex, una pistola rosada, 120 folios contables, nueve celulares y tres tabletas.
Ese fue un primer campanazo sobre hasta qué punto podría estar dispuesta la senadora a cruzar líneas para mantener, a capa y espada, la mesa viva. Por esos días, “Douglas” dijo en entrevista con La W que el alcalde Gutiérrez no podía perseguir a las familias de los “voceros de las bandas”.
Apenas doce días después del operativo contra los familiares de “Douglas”, el 21 de junio de 2025, nueve cabecillas —entre ellos “Douglas”, “Tom” y “Vallejo”— salieron de la cárcel para subirse a una tarima con el presidente Gustavo Petro en el corazón del poder político de Medellín: la plaza de La Alpujarra.
El evento fue concebido como un espaldarazo a Zuleta tras el golpe de credibilidad que había encajado con el operativo. Petro publicó días antes en X un trino recordando a la fuerza pública que su comandante en jefe era él y que ningún funcionario “de segundo orden” podía prohibirle nada. El país no entendía del todo la referencia. Tenía que ver con el operativo contra “La Terraza” y era la confirmación de que desde la Casa de Nariño respaldaban a Zuleta.
Lo que no calcularon fue la magnitud de la reacción. César Gaviria lo llamó un “Pacto de La Picota” y lo vinculó a “una concepción autoritaria del poder”. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo que las tarimas no son el lugar para quienes cometieron crímenes graves, que su lugar es la sanción penal. Humberto De La Calle lo llamó “exhibicionismo sin compromiso serio de dejar de delinquir”. Leoluca Orlando, el “alcalde antimafia” de Palermo, Italia, anunció una pregunta parlamentaria ante la Comisión Europea, en solidaridad con Medellín. La Comisión de Acusaciones de la Cámara abrió investigación al presidente Petro.
Y Zuleta quedó en el centro de la tormenta: fue ella quien firmó el oficio al Inpec el 19 de junio, ordenando la salida temporal de los nueve cabecillas, sin que ningún juez de ejecución de penas hubiera autorizado el traslado. Hoy enfrenta proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado y denuncias penales ante la Corte Suprema.
Cuando “Carlos Pesebre” —condenado a 36 años y en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2014— renunció a la mesa en febrero pasado hablando de “improvisación” y “punto muerto”, era la señal de que el proceso se desmoronaba.
Y otra vez Isabel Zuleta corrió a mover fichas para darles un nuevo beneficio. La respuesta fue la Resolución 0072, firmada el 27 de marzo por la fiscal Luz Adriana Camargo a solicitud del Gobierno: levantamiento de órdenes de captura para los 23 cabecillas, con una vigencia inicial de seis meses.
Tanto el alcalde de Medellín como el gobernador de Antioquia pusieron el grito en el cielo. Y no era para menos: se estaban saltando la ley para darle un beneficio a los jefes de las bandas.
El alcalde Gutiérrez y el gobernador Rendón, cada uno por su lado, llevaron el caso a la embajada de Estados Unidos con el prontuario de los cabecillas que podrían ahora, con la resolución de la Fiscalía, desplazarse a sus anchas por toda el Área Metropolitana.
Al día siguiente de que el alcalde y el gobernador llevaron a cabo las protestas, la Fiscal anunció que echaba para atrás el levantamiento de órdenes de captura de 16 de los 23 cabecillas.
El problema, que la propia Fiscalía admitió, era que el gobierno no le había informado que la mayoría de los beneficiados ya estaban condenados y cumpliendo condenas en cárcel de máxima seguridad. “No me imaginaba que incluyeran condenados”, dijo la fiscal. A lo cual el gobernador Rendón le respondió que bastaba con “buscar en Google” para darse cuenta. La pregunta que queda abierta es si la reversa se dio por la embajada de EE.UU.
Otra vez, parece evidente, que la senadora Isabel Zuleta mueve el aparato del Estado para tratar de mantener viva la mesa de la cárcel de Itagüí. Hay quienes creen que lo hace porque se trata de una directriz del presidente Gustavo Petro. Otros consideran que se ha convertido en la plataforma política de la senadora.
En este episodio quedó abierta otra denuncia, la más perturbadora de todas: algunos miembros de la mesa le contaron a EL COLOMBIANO que el Gobierno les estaba pidiendo apoyo para sus iniciativas —recolección de firmas para el proyecto de Asamblea Constituyente y votos para sus candidatos— a cambio de mantenerles los beneficios en la cárcel.
Eso ha generado debates internos entre los voceros: algunos de ellos, que pelearon contra guerrillas de izquierda, no ven con buenos ojos lo que hace este gobierno, aunque en lo personal se han beneficiado del proceso.
El escándalo más reciente es la llamada “parranda vallenata”. El miércoles 8 de abril, los cabecillas de la mesa organizaron un concierto privado con Nelson Velásquez y Luis Posada, licor en abundancia y un servicio de catering externo.
Según ha trascendido, costó 500 millones de pesos financiados con una “vaca” entre los jefes. Solo a Velásquez le pagaron $100 millones. Al cantante Luis Posada, $50. El resto cubrió comida, meseros, licor y, según algunas versiones, pagos para que personal del Inpec permitiera el ingreso. Unas cien personas asistieron, valiéndose de la prerrogativa que el proceso les concede: tres visitantes por vocero cada miércoles. La fiesta comenzó a las nueve de la mañana.
La concejal Claudia Carrasquilla, exjefa de Fiscalías en Medellín —conocida en ese tiempo como la “dama de hierro”—, lo denunció con fotos y videos en redes sociales. No era la primera fiesta. Ya había denuncias de otras dos, incluida una “marranada” en diciembre. Pero esta fue la que rebasó el límite.
En la inspección posterior se encontraron unas 80 latas de cerveza, botellas de whisky, aguardiente y tequila, sustancias psicoactivas, módems de internet y cargadores de celular. Las celdas tenían mascotas y remodelaciones no autorizadas.
El director de la cárcel fue removido. El coordinador de vigilancia, sancionado. Siete funcionarios del Inpec, investigados. Y la mesa, suspendida.
De nuevo, Zuleta apareció al frente. Esta vez, para anunciar la suspensión de la mesa. Sin embargo, ayer mismo, los “voceros” de las bandas en un comunicado ofrecieron “excusas públicas” por los hechos y le pidieron al presidente Gustavo Petro que reanude las conversaciones.
Tres años de proceso. Una ley de sometimiento hundida en el Congreso. Ninguna estructura desmantelada. Ningún arma entregada. El único intento de resultado fue un piloto contra la extorsión en 25 barrios de Medellín y Bello entre diciembre de 2024 y enero de 2025 —ampliado luego a 45 barrios—, que nunca tuvo medición oficial. Vecinos de las comunas reportaron que las vacunas continuaron, disfrazadas de “aguinaldos” y “colaboración para las fiestas de diciembre”.
En cuanto a la reducción de homicidios que el proceso se atribuye, hay otras dos razones más poderosas que los explican.
La primera es que las propias bandas firmaron un pacto mafioso interno en 2018 para reducir conflictos, hacer más dinero y evitar la persecución del Estado. Las de Bello se sumaron en septiembre de 2020. La Paz Total no existía entonces.
La segunda es que en los últimos 20 años Medellín se ha convertido en un laboratorio de inversión social y apoyo a la cultura que también ha producido una transformación real.
Y a eso se le suma, como lo confirmó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, que cada vez con ayuda de la tecnología son más crímenes los que la justicia resuelve, y asesinar deja de ser rentable para las bandas y sus negocios.
Hoy sin ley de sometimiento y con un clima político cada vez más enrarecido por la cercanía electoral, la pregunta ya no es solo por el futuro del proceso. Es por el balance de estos tres años.
Tres años en los que el Estado ensayó negociar sin herramientas legales suficientes. Tres años en los cabecillas están pendientes de cómo ganan privilegios –lograron, por ejemplo, estar juntos en una sola cárcel, cuando antes estaban dispersos por solicitud de la Alcaldía para mitigar su poder–. Y tres años en los que Isabel Zuleta tiene cada vez menos fichas para jugar.
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